Nuevos Presupuestos Generales del Estado, nuevo agravio en el ratio de inversión por habitante en Alicante. La provincia aparece sistemáticamente como una de las últimas (o directamente como la última) en la clasificación de los territorios peor financiados por el Gobierno de España, una tradición que se repite desde hace varios lustros. Y no se ha hecho nada para cambiarlo.  

Si el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dice que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, Alicante, quinta provincia de España por población, lo está por partida doble: primero dentro del presupuesto de licitaciones del propio Ejecutivo autonómico, desde donde no se suele tener en cuenta el peso de la provincia ni por habitante ni por aportación al PIB; y en segundo lugar dentro del territorio valenciano en los Presupuestos Generales del Estado. 

Las cifras están ahí: para 2022 el Ejecutivo de Pedro Sánchez contempla una inversión de apenas 183 millones en la provincia, un 1,4% del total nacional y un 15 % del dinero previsto en toda la Comunidad Valenciana: 1.208,61 millones. Es decir, que del 9,3% que se lleva la autonomía, Alicante se queda con algo más de una décima parte.

Esto tiene un reflejo directo en la inversión por habitante: la media regional es de 240 euros, la número 13 de España; en Alicante, sin embargo, con un censo de 1,8 millones de personas, apenas se superan los 100 euros, menos de la mitad. Y todo esto pese a representar el 34,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad y acoger al 36,8% de los ciudadanos.

El dato general de la inversión del Gobierno para 2022 supone un descenso del 40% respecto al año anterior y apuntala lustros de infrafinanciación endémica que se ha encontrado con un turnismo complaciente en el Congreso a la hora de reivindicar los intereses del territorio. El agravio, además, queda eclipsado por la falta de crítica desde el Palau de la Generalitat con una perspectiva puramente alicantina.

Este jueves, por ejemplo, el propio Puig reconoció que Alicante recibiría una "menor aportación" pero eludió hablar de infrafinanciación. Todo los contrario: aseguró que los Presupuestos Generales del Estado "van por el camino correcto" y se comprometió a utilizar parte de la bolsa de 300 millones de los que dispondrá la autonomía para impulsar políticas innovadoras y de movilidad para compensar a Alicante.

Un tema "estructural"

El problema está en que no se trata de compensar a la provincia, sino de acabar con un mal que se arrastra desde hace años y que nadie parece dispuesto a abordar desde un punto de vista provincial. Sobre todo cuando proyectos como los PGE para 2022 demuestran que lo que vale para el conjunto de una autonomía (el 9,3% de las inversiones para la valenciana) puede no servir para una de sus provincias (1,5% para Alicante). 

Lo cierto es que esta situación no se ha generado hace una o dos legislaturas, precisamente. El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) lleva casi 15 años monitorizando las inversiones que se hacen en territorio alicantino, y la provincia jamás ha estado por encima de la media nacional. Da igual el color político o el gentilicio del ministro: las infraestructuras llegan tarde (como el AVE) y mal (como el aeropuerto, aún sin conexión ferroviaria) a Alicante.

¿Por qué no se invierte en la provincia? Las fuentes consultadas hablan ya de un problema casi "estructural", en el que cada año la brecha es más profunda sin que exista posibilidad de defensa en los órganos de decisión en Madrid. En los últimos 14 años Ineca calcula que cada alicantino ha recibido de media 1.507 euros menos que la media española, con un déficit de 2.831 millones en inversiones.

Eso no se soluciona ni con un fondo extraordinario de 300 millones ni con un gesto puntual, sino reconociendo "la doble infrafinanciación que Alicante arrastra desde hace años y que parece que nadie se atreve a abordar", concluyen las mismas fuentes.