El que fuera jefe de los técnicos de Atención Urbana en el Ayuntamiento de Alicante, José Lidón, ha negado este martes ante la juez que le investiga por amañar obras por valor de 7,3 millones del Plan E que recibiese un jamón como regalo. De hecho, aseguró que su relación con la empresa bajo sospecha, Becsa, era puramente profesional, y que si se vieron en su domicilio fuera de horario laboral era para agilizar trámites. También sostuvo que en ningún momento se proporcionó a la compañía información sobre los concursos.
Lidón respondía así a las preguntas de Fiscalía después de que la Policía grabase una conversación telefónica con su hija, fechada el 5 de noviembre de 2010 y a la que ha tenido acceso El Español, en la que éste asegura que devolver un jamón "es de gilipollas".
"Yo conozco una que su padre los devuelve. Bueno, que está jubilado, o los devolvía, no los aceptaba", dice la interlocutora de Lidón. "Ya, pero eso es de gilipollas", le responde el técnico. "Pero... Cada uno es como es. Éste no los aceptaba, éste era secretario del Ayuntamiento y decía que no los aceptaba", insiste.
En esa misma escucha Lidón hace referencia a un funcionario compañero suyo del consistorio, Víctor López, a quien otro juez le había preguntado si le regalaron un jamón. Al parecer López negó haber recibido cualquier regalo, algo que Lidón considera una exageración dentro del contexto de lo que está pasando en el Ayuntamiento. "Y el Ortiz [por el promotor Enrique Ortiz] por ahí prevaricándolo con el Plan General y el otro con 100.000 pavos", apunta.
"Pero estuvisteis hablando de un jamón", afirma su hija. "Me ha dicho Valdi [un empleado de Becsa], este año no te regalo nada. Y yo le he dicho, tú me traes el jamón o no te lo...", replica el técnico. Su hija entonces le advierte: "No, que te pillan o te meten en la cárcel". "No, inhabilitación", manifiesta Lidón. "Pero si tú ya estás jubilado".
Lo cierto es que en el momento de la escucha el funcionario aún no se había retirado, pero estaba a punto. En sus respuestas este martes el que fuera máximo responsable técnico del área de Atención Urbana aseguró que esta conversación fue "una broma", y que en aquel momento, en plena crisis económica, ya nadie hacía regalos.
El siguiente, el vicealcalde
Lidón ha declarado en la primera sesión del juicio que se sigue en la Sección Décima de la Audiencia Provincial alicantina contra él y Andrés Llorens, el que fuera concejal de Atención Urbana y vicealcalde de Alicante durante la etapa de Sonia Castedo. En el caso también están investigados los empresarios Javier Á.M., de la firma CMS, y Juan Manuel V.T., de la mercantil Becsa, en la que la Fiscalía Anticorrupción pide 4 años de cárcel para cada uno por prevaricación y fraude.
La vista oral, que debió iniciarse el lunes pero se pospuso 24 horas por enfermedad de una de las magistradas, trata de esclarecer el proceso de adjudicación de cinco obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, más conocido como Plan E, por valor de 7,3 millones de euros.
Se trataba de la construcción de una mediana en la avenida Villajoyosa, la renovación parcial del pavimento de la Explanada de España, la construcción de 40 contenedores soterrados, la remodelación de la plaza de la Montañeta y la mejora de aceras en Vistahermosa.
El exjefe de Atención Urbana ha sido preguntado por el fiscal sobre una reunión con el apoderado de Becsa en su casa, ha aclarado que esos días estaba disfrutando de unos días libres y que accedió a hablar de trabajo en su domicilio porque estaba disponible en todo momento para agilizar asuntos relacionados con las obras municipales. En todo caso, ha aclarado que no ofreció información de los concursos a Becsa ya que sabe que eso "es un delito".
Por su parte, Javier Á.M., de CMS, ha ido en la misma línea de que sus contactos con el responsable municipal eran de índole profesional.
El juicio se retomará este miércoles con los testimonios de Juan Manuel V.T., de Becsa, y Andrés Llorens. Los hechos que llegan a juicio tuvieron lugar en 2009 cuando, de acuerdo con el relato inicial de Anticorrupción, los cuatro encausados se pusieron de acuerdo para manipular la contratación de varias obras a favor de las dos compañías, hasta el punto de llegar a redactar los pliegos de condiciones por los que se regían los concursos.
Todo con el conocimiento del jefe de Servicio de Atención Urbana y del concejal del área, que firmaba las adjudicaciones, según el ministerio público.