La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante juzga el próximo martes a seis personas acusadas de dirigir y gestionar un negocio de prostitución en un chalet de San Vicente del Raspeig, en el que obtenían dinero del trabajo de las víctimas, a las que presuntamente explotaban. Según la acusación pública, las condiciones de las empleadas eran lamentables, y las obligaban a ejercer incluso enfermas.
La Fiscalía mantiene que, hasta mayo de 2017, los procesados hacían que las
mujeres trabajaran en el sótano de la vivienda, "donde estaban hacinadas y sin ventilación". Además, las sometían a "horarios laborales interminables, las obligaban a aceptar cualquier práctica sexual que propusiera el cliente y las hacían trabajar aunque estuvieran enfermas".
El Ministerio Público sostiene en su acusación que los encausados se quedaban con parte del dinero que las víctimas cobraban por sus servicios y con parte del dinero de las consumiciones de los clientes.
La acusación pública añade que en el chalet también se vendían sustancias estupefacientes para aquellas personas que las solicitaran, y pide para los acusados penas que oscilan entre los 35 años y medio y los 27 años y medio de prisión por nueve delitos relativos a la prostitución y uno contra la salud pública.
Juicio por bitcoins
Por otra parte, Fiscalía pide 6 años de prisión a un hombre por, presuntamente, planear el robo de 300 criptomonedas bitcoin a un amigo, para lo cual lo redujeron y agredieron en su propio domicilio.
Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, el juicio por estos hechos se celebrará el próximo miércoles a partir de las 9.30 horas en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante.
La Fiscalía mantiene que el procesado tenía las llaves de la casa de la víctima debido a la amistad que les unía, y que se las dio a tres personas sin identificar para que le robaran.
El 16 de agosto de 2019 los tres desconocidos esperaron a la víctima dentro de su casa, la redujeron, la ataron de pies y manos y comenzaron a agredirle para que les diera la clave de la plataforma en la que operaba con criptomonedas, según el relato de los hechos que ha difundido el TSJ
Tras más de una hora de agresiones, se llevaron 300 euros del perjudicado y abandonaron la vivienda después de que sonara el portero automático, unos hechos por los que la acusación pública considera al procesado autor de un delito de robo con violencia y detención ilegal.