Moncloa ha asumido parte del relato que el presidente de la Comunidad Valenciano, Ximo Puig, lleva años tejiendo: la necesidad de descentralizar las estructuras del Estado, un discurso reivindicativo que el líder de los socialistas valencianos ha utilizado para tratar de ganar visibilidad a escala nacional aprovechando el agravio histórico de la infrafinaciación.

Esta nueva etapa de convivencia con el Gobierno, pese a la antigua rivalidad en el partido (Puig se alineó con Susana Díaz cuando los barones forzaron la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE), ha ido ganando en intensidad, hasta el punto de que el PSOE escogió Valencia para celebrar su 40 congreso nacional, el pasado mes de octubre. 

Este mismo jueves el presidente Pedro Sánchez acudirá a la presentación de la gigafactoría de Volkswaken en Sagunt, un proyecto en el que el Ejecutivo ha participado intensamente.

Sin embargo, lo cierto es que las decisiones de Estado en los últimos años han abundado en el desequilibrio entre el norte y el sur de la Comunidad en temas tan capitales como la financiación, el agua o el turismo. Lo que se gana hacia Valencia parece que se pierde en Alicante, con el Botánico tratando de mantener un equilibrio cada vez más precario. 

El mejor ejemplo de esto son las inversiones. Los números no pueden ser más demoledores: los Presupuestos Generales del Estado para 2022 dejan a la provincia a la cola de España en inversión per cápita, y la única de todo el país en el que esa cantidad no llega a los 100 euros: cada alicantino percibirá 97,7 euros, frente a los 320,4 de Valencia.

En el caso del agua, Moncloa ha asumido las tesis del presidente castellano-manchego, el también socialista Emiliano García-Page, para ejecutar un recorte unilateral del trasvase. Esta misma semana el Consejo del Agua ha aprobado una disminución de que puede llegar a los 105 hectómetros cúbicos menos, lo que ha puesto campo alicantino y murciano en pie de guerra.

En cuanto al turismo, principal generador del Producto Interior Bruto (PIB) para la Costa Blanca, el reparto de fondos europeos deja al sector tocado, con apenas un 5% del dinero (3.400 millones) y sin un PERTE propio pese a suponer más del 12 % del PIB. También ha habido agravios en la distribución municipal, con ciudades como Benidorm o Alicante que se han quedado fuera de los planes de sostenibilidad europeos.

Promesas, no realidades

¿Cómo se ha intentado contrarrestar esto? Con promesas que, hoy por hoy, carecen de contenido. Puig ya aseguró que trataría de arreglar la infrafinanciación del Gobierno, pero lo cierto es que, hasta el momento, se ha limitado a prometer que el sur de la Comunidad Valenciana recibirá 45 millones de los 100 que va a gestionar el Ejecutivo provenientes de Europa, lo que supone apenas ocho más de lo que le corresponde a Alicante por su peso poblacional (36,8%). 

Para el agua, la baza es la utilización de un mix de desalación y agua trasvasada que, hoy por hoy, parece más una intención que una realidad, teniendo en cuenta las infraestructuras de las que dispone el Estado. En este apartado también se ha prometido una ingente inversión que está sin ejecutar. 

Lo mismo sucede con el turismo: la gran apuesta del Gobierno es un Centro de Inteligencia Turística que en teoría se va a ubicar en Benidorm pero del que no se sabe nada seis meses cinco meses después de que el propio Sánchez lo anunciase en la capital turística. El hecho de que el PSOE valenciano se haya plegado a la exigencia de sus socios en el Botánico (Compromís y Unidas Podemos) de imponer una tasa turística tampoco ha ayudado a normalizar sus relaciones con el empresariado alicantino. 

La realidad es que, hoy por hoy, la distancia entre Valencia y Alicante se ha hecho más grande. Y que lo único con lo que se ha intentado desactivar es con un puñado de propuestas cuya ejecución siempre parece lejana.