El discurso sobre la descentralización de administraciones es uno de los ejes del relato de Ximo Puig en Madrid. A pesar de la insistencia del líder valenciano, hasta el momento los gestos del Gobierno han sido muy comedidos respecto a la posibilidad de establecer un "nuevo modelo federal" que contemple "la diversidad de las españas dentro de España". Lo que resulta más sangrante: tampoco se ha materializado en materia presupuestaria, con unos índices de ejecución que sitúan a la Comunidad Valenciana a la cola del país.

Pero Puig no ha desistido en su empeño de solicitar ese nuevo "pacto territorial" que permita descentralizar el Estado. Y la pregunta es: ¿ha hecho lo mismo el presidente valenciano dentro de su propia autonomía? ¿Se puede hablar de una descentralización en la Comunidad Valenciana, con los centros de poder repartidos por todo el territorio?

El Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España distribuye cada seis meses los datos de trabajadores públicos por provincias. El informe más reciente data de julio de 2021, y ahí se puede ver el número de empleados de la Administración (incluyendo policías y profesores) que tiene cada uno de los tres territorios que conforman la Comunidad Valenciana.

En el caso de Alicante, cuenta con un 34 % (54.834) de los 160.588 funcionarios autonómicos. Valencia tiene al 53 % (85.121). Castellón el 13 % restante (20.633). ¿Cómo ha evolucionado la cifra? Pues cinco años antes, en julio de 2016, el peso del sur era un punto mayor: de los 118.285 trabajadores de la Generalitat, 41.149 estaban en Alicante (el 35 %), mientras que Valencia tenía el 52 % (61.573) y Castellón el 13 % restante (15.553).

Ninguno de los dos porcentajes está ajustado al peso poblacional de Alicante. Según los datos del censo de 2021, en la Comunidad Valenciana hay viviendo 5.058.138 personas. Alicante cuenta con el 37,2 % de la población (1.881.762), Valencia el 51,1 % (2.589.312) y Castellón el 11,7 % (587.064).

Hace un lustro el peso poblacional del sur era ligeramente inferior (37 %, 1.836.459 personas de un total de 4.959.968). Valencia tenía un censo de 2.544.264 ciudadanos (51,3 %), y Castellón de 579.245 (11,7 %). En ambos casos el número de trabajadores públicos está tres puntos por debajo de la población de la provincia.

En cuanto a los datos nacionales, Alicante sale bastante peor parada. De 34.952 funcionarios del Estado que había en la región en julio de 2021, Alicante solo acapara el 29 % (10.198); Valencia tiene el 59 % (20.829) y Castellón el 12% (3.925).

En este caso concreto, el peso de la provincia se ha incrementado un punto respecto a julio de 2016, cuando había 35.589 trabajadores del Estado. El 28 % (10.088) estaba Alicante, el 60 % en Valencia (21.348) y el 12 % en Castellón (4.053).

Peso político

No se trata solo de los números, sino también de los órganos de decisión. Y ahí gana por goleada Valencia. De las 11 consellerias (sin contar Presidencia) solo una tiene en teoría la sede operativa fuera de la capital del Turia: Innovación. Y es en teoría porque, aunque se anunció a bombo y platillo que por primera vez una cartera autonómica estaría fuera de Valencia, en la práctica el grueso del personal y las decisiones se siguen tomando allí. 

Más sangrante resultan las promesas incumplidas, como crear una Conselleria específica para Turismo y ubicarla en Benidorm. Ximo Puig hizo esa promesa en la capital turística hace más de un lustro, algo que además cuadra con su idea de la "España polifónica": el ubicar organismos públicos del Estado en lugares donde su actividad tenga un peso específico importante, como Puertos del Estado (que actualmente está en Madrid) en la ciudad de Valencia. 

Pero de momento todo se ha quedado en eso: un puñado de buenas intenciones. Hay entidades de nueva creación, como la Agencia de Protección del Territorio que opera desde Elche, pero su carácter voluntario resta importancia a la apuesta por sacar organismos de Gobierno de la ciudad del Turia, que es la que mantiene prácticamente todo el organigrama del Ejecutivo autonómico.