La presidenta del PP en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, ha afirmado este sábado que al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, "se le agota el tiempo para dar explicaciones sobre la trama de subvenciones de su Consell a su hermano Francis". Las declaraciones de la representante popular de Orihuela llegan tras la petición de prórroga de la investigación.
Así, se había hecho público este viernes que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se prorrogue durante seis meses más la investigación del posible fraude de subvenciones públicas a empresas de Francis Puig, hermano del jefe del Consell, y a otro empresario.
Ortiz recalca que los implicados "no solo están bajo sospecha sino que es necesaria una investigación más exhaustiva", según señala el ministerio público sobre ambos encausados.
Las acusaciones
En la nota que ha emitido el Partido Popular, y que recoge Efe, Ortiz ha puesto de manifiesto que "la Fiscalía pide una prórroga de seis meses para seguir investigando las facturas falsas, cruzadas, nóminas y asuntos turbios que envuelven al hermano del jefe del Consell y a sus socios".
A eso añade que, incluso, Anticorrupción ha solicitado la declaración de los trabajadores de las empresas como testigos y ha pedido a la Guardia Civil que investigue si las facturas que hay con los proveedores son falsas.
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"Y mientras todo esto pasa, el president Puig sigue callado y escudándose en su consellera de Justicia, Gabriela Bravo", ha lamentado la popular. Para la presidenta de esta formación en la Comunidad Valenciana "es hora de ser responsable y dar explicaciones, pero sobre todo de recuperar el dinero que Francis Puig y sus socios han recibido de la Generalitat de forma ilegal".
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La dureza de las afirmaciones de la diputada del PP se ha trasladado también a la Abogacía de la Generalitat. De este organismo critica que "siga mirando a otro lado con Francis Puig, en lugar de ejecutar los mecanismos para recuperar el dinero". Por eso ha concluido que esas subvenciones "son una inmoralidad no solo por una cuestión de ética y de transparencia, también en un periodo en que miles de familias de la Comunitat Valenciana no pueden llegar a fin de mes".