El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunciaba ayer una reducción de impuestos ante los efectos de la inflación, que no concretó. Su principal socio en el Gobierno Botánico, no tardó en advertir al socialista de que deberá pactarlo. Y es que los nacionalistas están tramitando leyes como la de Cambio Climático con al menos tres impuestos nuevos.
De hecho, como explica la diputada popular Elisa Díaz, un tercio de la Ley de cambio climático y transición ecológica de la Comunidad Valenciana, actualmente en tramitación, establece un "impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica"; un "impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera proveniente de instalaciones"; y "un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales".
El primero grabará a todos los vehículos matriculados a partir de enero de 2023 para "nutrir un Fondo para la Transición Ecológica". El segundo está destinado a empresas implicadas en "procesos productivos" e irá al mismo fondo controlado por los nacionalistas. Y el tercero es un impuesto para las actividades comerciales, de ocio, hostelería o espectáculos "que por su efecto de atracción al consumo, provoque un desplazamiento masivo de vehículos, y en consecuencia, una externalidad negativa en el medioambiente".
Ese Fondo para la Transición Ecológica se entiende como "un instrumento necesario para la ejecución de políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático" adscrito a la Conselleria que actualmente está en manos de Compromís.
De hecho, la portavoz autonómica del partido nacionalista en las Cortes Valencianas, papi Robles, aseguró ayer en respuesta a Puig que esta ley junto con la de la tasa turística, "deben aprobarse cuanto antes", pues "la vida está cambiando" y las leyes y acuerdos de gobierno deben dar "respuesta" a la nueva situación.
A lo que añadió, explícitamente, que la consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, ya ha defendido la necesidad de destinar más de 90 millones de euros a este ámbito, como la prevención de incendios o la inversión en el medio natural.
Junto con la ley el "fondo" Compromís busca la creación de una Agencia de Cambio Climático que desde amplios espectros de las Cortes Valencianas consideran que convertirá en un "nuevo chiringuito" del Botánico para colocar a los suyos.
Al mismo tiempo, Compromís y Podemos, siguen con las presiones para imponer la tasa turística en la Comunidad Valenciana, lo que más que una tasa es un impuesto autonómico que cobrarían los ayuntamientos que lo quisiesen, y el resto lo bonificación hasta el 100%.
Tanto desde la patronal valenciana CEV como por parte de la Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (APRESCO), se han opuesto rotundamente a estos nuevos impuestos que gravarían sólo a determinadas actividades conómicas responsabilizándolas de la contaminación.
Además, sostiene Elisa Díaz, que la nueva Lay de Economía Circular que también quieren aprobar Compromís y Podemos (y el PSPV-PSOE) de Ximo Puig, penalizará el tratamiento de basuras en vertederos hasta tal punto que los ayuntamientos "no son conscientes todavía del impacto que tendrá en las economías municipales". Y es que según la diputada, se gravarán los vertidos sin crear nuevas infraestructuras y sin considerar la valorización energética.