A juicio por violar y retener a su expareja tras incumplir una orden de alejamiento en Callosa de Segura

Un hombre será juzgado a partir del próximo jueves, 8 de septiembre, por la Audiencia de Alicante por retener y violar a su expareja sentimental, tras incumplir la orden de alejamiento y comunicación por el que había sido condenado por un delito de maltrato cometido con carácter previo.

Los hechos que llegan a juicio tuvieron lugar entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2021 en Callosa de Segura (Alicante), cuando, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado comenzó a contactar con la víctima mediante el envío de diversos mensajes telefónicos hasta conseguir que accediese a concertar una cita para el 2 de febrero.

Cuando se produjo el encuentro, en el Casino del Palmeral de Callosa, el procesado condujo a su expareja hasta un descampado próximo y, una vez allí, le quitó la tarjeta de su teléfono móvil con la intención de que no pudiese realizar llamadas ni dar avisos y le golpeó con un palo en el pecho, la espalda y las piernas.

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Según el relato de la acusación pública, acto seguido, el procesado amenazó a la mujer con matarla si no hacía lo que él le dijese y, en ese momento, la obligó a practicarle una felación.

Cuando anocheció, el acusado forzó a la víctima a ir hasta su casa volviéndole a advertir con matarla y, una vez en el domicilio, volvió a obligarla a practicarle una felación y después la penetró en contra de su voluntad, empleando el uso de la fuerza.

El escrito de acusación precisa, además, que el acusado retuvo a la mujer durante toda la noche hasta que, al día siguiente, la forzó a ir hasta los juzgados de Orihuela, bajo su vigilancia, para que quitase la denuncia que había interpuesto contra él por un delito de malos tratos.

No obstante, la mujer aprovechó su presencia en el juzgado para pedir ayuda, lo que permitió detener al agresor.

La Fiscalía considera que el acusado es responsable de dos delitos de agresión sexual, por los que solicita una pena de 8 años de prisión por cada uno de ellos.

Además, estima que el procesado también debe responder como autor de un delito de detención ilegal, por el que solicita otra pena adicional de 5 años.

De igual modo, pide para él otro año de ingreso por el delito de maltrato en el ámbito familiar, un año más por el delito de quebrantamiento de condena, otro año adicional por el delito de coacciones y, por último, un año más por el delito de amenazas en el ámbito familiar.

Así, en su conjunto, el procesado se expone a una posible condena de 25 años de internamiento en un penitenciario y, al margen de ello, la Fiscalía pide que se le prohíba a portar armas por un plazo de diecisiete años y medio, que se le impongan otros diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión y que se le imponga la prohibición de aproximarse a la víctima durante 29 años.