Una mujer en la carretera, en imagen de archivo. EFE
Petrer multará hasta con 3.000 euros a las prostitutas y a sus clientes, incluso si son menores de edad
El Ayuntamiento aprueba una ordenanza que sanciona esta actividad en espacios públicos y contempla agravantes si se ejerce cerca de colegios.
18 octubre, 2022 15:08El pleno del ayuntamiento de Petrer ha aprobado este martes una ordenanza en la provincia de Alicante que castiga con hasta 3.000 euros de multa a las personas clientes de prostitución que pidan servicios sexuales en espacios públicos.
También habrá multas de hasta 1.500 euros tanto a aquellos que soliciten, negocien o acepten directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos como a las prostitutas que ejerzan en el espacio público, además de a los que colaboren con los clientes o favorezcan esta actividad o el también denominado turismo sexual.
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Esta multa se doblará en el caso de que estas acciones ocurran a menos de 200 metros de colegios, o donde se celebren actos públicos culturales, festivos o deportivos, así como "cerca de aquellos puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a carreteras y espacios donde se dificulte la huida".
La ordenanza también se aplica a menores de edad de entre 14 y 18 años, aunque en este caso la denuncia o el expediente será notificado también a sus tutores y la sanción económica podrá ser sustituida por actividades de servicio público con interés social y valor educativo.
En la exposición de motivos de la ordenanza, el Ayuntamiento dirigido por la alcaldesa socialista Irene Navarro ha señalado que el objetivo es "la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual" y "proteger los derechos de las víctimas" y considera víctimas "a todas las mujeres en situación de prostitución".
Entre los servicios psicosociales que se proporcionan a las mujeres prostituidas, ayuda en los trámites administrativos para reconocer y garantizar el derecho y acceso a los recursos sociales, sanitarios, formativos y laborales, entre otros.
El contenido de esta ordenanza es similar al que ya aplican otras ciudades como Alicante, donde ya se aplican multas tanto para prostitutas como para clientes, o al consistorio valenciano de Albal, que ya ha puesto varias sanciones a los consumidores de prostitución desde que se puso en marcha su ordenanza.
Objetivo: la abolición
La Consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana presentó el pasado mes de marzo un decálogo de medidas para terminar con esta práctica que denigra a las mujeres. Entre ellas, cerrar los burdeles que se esconden como "locales de ocio", multar a los clientes y reconocer a las mujeres prostituidas como "víctimas de terrorismo machista".
Las diez medidas incluyen reformas normativas en el ámbito estatal, autonómico y local, así como iniciativas asistenciales para las mujeres prostituidas y acciones de formación y sensibilización, tanto para los profesionales que están en contacto con estas mujeres como de la ciudadanía en general.
