Juzgan al exjefe de Policía de Extranjería de Alicante por facilitar la fuga de un criminal en busca y captura

El próximo martes el que fuera inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Alicante se sentará en el banquillo de los acusados por facilitar la tramitación de una tarjeta de residencia al cuñado de un amigo, que estaba en busca y captura, así como permitirle que se marchase de Comisaría sin que los agentes le detuviesen. 

Según el relato del Ministerio Fiscal, los hechos comenzaron en mayo de 2017, cuando, según la acusación pública, el procesado recibió llamadas de su amigo en las que le preguntaba por la renovación de la tarjeta de su familiar, que había sido condenado por dos delitos de lesiones. En esta conversación, el policía se habría comprometido a comprobar la tramitación de la renovación de la misma.

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En mayo de 2020 el inspector llamó a su amigo y le dijo que su cuñado, que seguía en busca y captura, ya podía ir a Comisaría a por la documentación. El agente que le debía dar la tarjeta detectó la situación del cuñado y llamó al acusado para advertirle de la importancia del asunto.

El encausado le dijo que "dejara eso, que lo anulase y que dejara ir" al requisitoriado. De este modo, el procesado "facilitó que los agentes eludieran detención del hombre, que dispuso de una tarjeta renovada para poder desplazarse libremente por la Unión Europea".

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La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de prisión de un año y medio, además diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el inspector.

Juicio por estafar a extranjeros

Por otra parte, el viernes la Audiencia de Alicante celebrará otro juicio en el que piden cinco años de cárcel por los delitos de estafa y falsedad para cada uno de los dos hermanos a los que la Fiscalía acusa de engañar a ciudadanos extranjeros con la tramitación de los papeles de residencia en España.

Los hechos ocurrieron entre los años 2009 a 2011 cuando, según mantiene el Ministerio Público en su escrito, uno de los procesados, abogado y trabajador de una asesoría, pedía a las víctimas 300 euros a cambio de la obtención de los permisos.

Para conseguirlos aportaba contratos de trabajo del taller mecánico en el que estaba empleado el otro procesado, según la acusación.