Cuenta atrás para la reversión pública de las ITV valencianas: las empresas alertan del caos organizativo

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) ha pedido a la Generalitat instrucciones "claras y ajustadas a las particularidades de cada una de las concesionarios" sobre cómo habrá de llevarse a cabo la reversión prevista para dentro de pocas semanas.

En un escrito remitido a las consellerias de Economía, de Hacienda y, por extensión, a Presidencia, lamenta la "precipitación y falta de adecuada dirección de todo este proceso", unas circunstancias que "ponen en peligro la adecuada prestación del servicio" que de forma "impecable y eficiente" vienen prestando las concesionarias desde hace más de 25 años.

AECOVA-ITV recuerda en un comunicado que el proceso de reversión estaba anunciado ya en el acuerdo del Gobierno del Botánico II, pero "no ha sido sino hasta escasos días antes de la finalización de la concesión que han comenzado las solicitudes de información y documentación".

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"Dicha falta de previsión no tiene precedentes en esta comunidad autónoma y no resiste la más mínima comparación con otros procesos de reversión acometidos por el actual gobierno autonómico como, por ejemplo, los relativos al ámbito sanitario", añade.

Recuerda que el cronograma de reversión preveía el inicio del procedimiento en el mes de julio de 2021 se realizó finalmente a finales de 2022, "generando una absoluta incertidumbre a las concesionarios y una enorme inquietud en las plantillas".

La asociación advierte de que la "falta de previsión y organización" es "exclusivamente imputable" a la Generalitat, y que "por muy buena disposición que muestren las concesionarias, no será fácil tratar de conseguir en pocas semanas lo que, según sus propios estudios, debería haberse llevado a cabo a lo largo de más de un año y medio".

Prisas y amenazas

AECOVA manifiesta la "más absoluta disposición" de sus asociados a proporcionar cuanta información y documentación sea necesaria y pide a la Generalitat que "comprenda que las prisas generadas por su falta de previsión no deben ser trasladadas a las concesionarias y menos bajo la amenaza de sanciones o acciones judiciales".

Señala asimismo que las concesionarias se reservan el derecho a impugnar "con todos los medios legales a su disposición cuantas actuaciones o decisiones se adopten por parte de la Administración que sean consideradas contrarias a derecho".

Entre ellas citan "el requerimiento manifiestamente ilegal de que sean las concesionarias las que negocien y contraten con terceros la prestación de servicios a la recientemente creada empresa pública", en un momento temporal en que, previsiblemente, ya no corresponderá la gestión a sus asociados.

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En consecuencia, pide formalmente que la Administración comunique a las concesionarias, ya sea individualmente o a través de esta asociación, el procedimiento debidamente planificado, con el correspondiente cronograma y los requerimientos que deban ser atendidos por cada una de ellas.

Igualmente, manifiesta su disposición a convocar una mesa de trabajo que permita organizar una transición ordenada, "evitando así que el procedimiento de reversión se convierte en un conjunto de requerimientos coactivos de dudosa legalidad".

"El interés de todas las concesionarias aquí representadas no es otro que asegurar la adecuada calidad del servicio hasta el mismo momento en que se produzca el cambio de gestión, tal y como han procurado desde hace más de 25 años", asevera.

Dicho interés, concluye, "no es ni debe ser incompatible con la adecuada exigencia del respeto a la ley, a los procedimientos legalmente establecidos y a los elementales principios de confianza legítima, buena fe y buena Administración".