La Fiscalía ha elevado a definitivas las conclusiones iniciales en el juicio por el procedimiento del tribunal del jurado seguido en la Audiencia de Alicante a tres presuntos sicarios acusados de matar a un supuesto traficante de drogas que residía en el municipio de El Campello y ha mantenido la solicitud de penas de 19 años y diez meses para cada uno de ellos por el delito de asesinato.

Además, el Ministerio Público solicita otros dos años y cinco meses de cárcel para dos de los acusados por el delito de tenencia ilícita de armas, entre las que se encontraría la pistola utilizada para cometer el crimen, toda vez que el tercero de ellos ya había sido condenado en relación con esos hechos por un juzgado de Madrid.

También ha reiterado la petición de otro año y seis meses de prisión adicional para los tres acusados por un tercer delito de falsedad documental: la manipulación de la matrícula del vehículo modelo Mini Cooper que pudo ser utilizado para la comisión del asesinato.

Por su parte, las defensas de los tres acusados, representadas por los abogados Roberto Sánchez, Josep Carles y José Manuel Alemán, también han mantenido la inocencia de los procesados y han solicitado su libre absolución tras argumentar que no existían pruebas directas de que ninguno de los tres hubiesen tenido participación en los hechos, ya que ningún testigo pudo identificar al autor o autores de los disparos.

En esta línea, dos de los tres procesados han hecho uso de su derecho a la última palabra en la fase final del juicio para insistir en que no tenían nada que ver con el asesinato. Uno de ellos, de nacionalidad española, ha insistido en que solo subarrendó la vivienda que él había alquilado y ha reiterado que, cuando sucedió el crimen, él se encontraba en un centro comercial de Alicante acompañado de su hermano y de su sobrino.

El segundo de los acusados, de nacionalidad colombiana, también ha negado su implicación en el crimen y solo ha admitido que viajó hasta El Campello y que permaneció unos días en esa vivienda subarrendada, porque le habían contratado para que supervisase y analizase el funcionamiento de unas armas, ya que él había trabajado en el Ejército de su país durante 15 años.

“No asesiné a ese señor”, ha insistido ante los miembros del jurado, a quienes ha tratado de explicar que en el momento en el que se cometió el asesinato él "ya no estaba en la casa" porque se había ido a València "al tener un trabajo que hacer como pintor”.

Además, ha insistido en que si él hubiera tenido algo que ver con el crimen, no habría dejado olvidado el brick de zumo hallado en el interior del vehículo en el que se hallaron sus huellas, lo que permitió identificarlo. “Si se limpiaron el resto de huellas y hubiese sido yo el asesino, cómo iba a dejar ese jugo allí”, ha dicho.

El tercero de los procesados, que fue el primer inquilino de la vivienda, ha rechazado ejercer su derecho a la última palabra.

Así, el juicio ha concluido a la espera de que mañana jueves se entregue el objeto del veredicto y se inicie la deliberación del jurado, que deberá declarar la culpabilidad o no culpabilidad de los tres procesados.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar después del mediodía del 14 de septiembre de 2019, justo cuando la víctima salió de su vivienda. Según la acusación pública, los procesados se concertaron para alquilar una vivienda desde la que organizaron el crimen, para el que se valieron de un vehículo modelo Mini Cooper robado previamente al que le colocaron una matrícula falsa.

Así, según su versión, esperaron a que su objetivo saliese a la calle para abordarlo por la espalda y descerrajarle dos tiros en la cabeza que le causaron la muerte de forma inmediata. Después, se dieron a la fuga. Los investigadores de la Guardia Civil localizaron el vehículo días más tarde, pintado de otro color diferente, donde hallaron las huellas de uno de los procesados.