Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Muro de Alcoy a dos varones como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores que usaban como mano de obra a personas en situación irregular en España.
La investigación fue llevada a cabo por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alcoy, en el marco de la lucha contra la explotación laboral y la utilización de inmigrantes irregulares como mano de obra barata.
Tuvo como resultado la detención de dos varones, regentes de una empresa dedicada al reciclaje de ropa usada situada en la localidad de Muro de Alcoy.
Los agentes identificaron durante la investigación y los registros de las naves industriales a 11 personas, siete de las cuales se encontraban trabajando en una nave en pésimas condiciones y en situación irregular en España.
Estas personas declararon a los agentes estar trabajando por un sueldo medio de 150 euros a la semana y sin ningún tipo de contrato ni cobertura legal. Además, algunos de ellos declararon estar utilizando maquinaria peligrosa como prensas de gran tamaño y vehículos elevadores sin ningún tipo de preparación o título que les habilitase para ello.
La operación policial fue llevada a cabo con la colaboración de la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana cuyos agentes sancionaron a los responsables sobre las deficiencias en las instalaciones, y la Inspección General de Trabajo levantó acta sobre las infracciones cometidas por los gerentes de la empresa en materia laboral.
Los dos detenidos de 25 y 37 años de edad y de nacionalidad marroquí, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Alcoy.
Segundo caso este año
Hace tan solo un mes la Policía encontró a seis trabajadores trabajando sin contrato y sin garantías sanitarias en una fábrica en Crevillent de ropa usada en la que la Policía Nacional ha detenido a su empresario bajo la acusación de varios delitos contra los derechos de los trabajadores.
El empresario, ya en libertad y a la espera de ser citado para comparecer en sede judicial, tenía en su empresa a varias personas en condiciones laborales muy por debajo de las mínimas legalmente garantizadas, según el comunicado de la Policía Nacional.
En este caso la investigación señala que supuestamente buscaba perfiles vulnerables para ofrecerles condiciones aún más precarias. Entre sus víctimas se encontraban migrantes que desconocen el español y los derechos laborales que aquí se aplican. La mayoría de estos seis trabajadores no contaban con contrato laboral, seguro de accidentes ni permiso de residencia ni trabajo.