La Fiscalía solicita provisionalmente una pena de prisión de tres años y una multa
para un hombre al que acusa de un delito de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial por, supuestamente, cobrar la pensión de su madre durante más de seis años después del fallecimiento de ésta.
La mujer, que cobraba 1.055 euros mensuales según la pensión que tenía reconocida en Bélgica, falleció en diciembre del año 2014. La acusación pública mantiene que el hombre, en lugar de comunicar la muerte de su progenitora, siguió cobrando hasta abril de 2021, por lo que ingresó más de 90.000 euros.
Según el relato de los hechos, para acreditar anualmente que la titular seguía con vida, el acusado enviaba a las autoridades belgas sucesivas certificaciones de fe de vida manipuladas con el objetivo de hacer creer que su madre seguía teniendo derecho a recibir la pensión.
Este caso recuerda a uno que se juzgó el pasado mes de abril, también en Alicante, en el que se acusaba a un hombre de cobrar durante 13 años la pensión de su abuela muerta. En aquella ocasión la Fiscalía había incluido a la entidad bancaria que abonaba ese dinero como responsable civil subsidiaria de la estafa, al "entender que no cumplió su obligación de control".
Los hechos ocurrieron en Alicante, donde, según la acusación del Ministerio Público, el acusado percibió entre el año 2000 y 2013 un total de 85.787 euros en concepto de pensión de su abuela que ya había fallecido.
Por estos hechos Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de prisión por un delito de estafa, mientras que considera que el banco que abonaba ese importe no cumplió adecuadamente con su labor de control, por lo que lo incluye como responsable civil subsidiario.
Lo cierto es que es habitual que este tipo de casos salgan a la luz cada cierto tiempo en España. Hace unos años la Policía Nacional destapó un fraude de 2 millones de euros a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, mediante el cobro de pensiones de personas fallecidas.
En uno de los casos, una mujer de Madrid estuvo cobrando durante 31 años la pensión de su madre, aunque había muerto en 1985, y otra de las defraudadoras declaró a la Policía que seguía recibiendo la paga de su progenitora porque "aún no había asumido su fallecimiento" y consideraba por ello que tenía derecho a cobrarlo.