Un hombre fue condenado ayer a seis meses de prisión por golpear con una patada en el pecho y llamar "extranjera de mierda" a una mujer brasileña y negra. Ocurrió en marzo de 2023 en la ciudad valenciana de Torrent, pero podría haber sido cualquier día de cualquier año en cualquier punto de la Comunitat Valenciana, donde los delitos de odio por racismo y xenofobia se han multiplicado en los últimos años.
Desde hace una década se han duplicado, pasando de 41 en 2014, primer año registrado, a 83 en 2022, el último año recogido en el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
"Eres una machupichu, subnormal, indígena de mierda, aquí en España eres una puta basura", son algunos de los insultos que recibió Adriana, de origen venezolano, en Rojales (Alicante). El suceso ocurrió en 2023 y se difundió en un vídeo que se hizo viral en redes y que puso de manifiesto la falta de valores de parte de la sociedad valenciana.
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En 2022 las personas racistas atacaron a objetivos dispares, destacando la población marroquí con 19 personas afectadas. Lo curioso es que la nacionalidad con más víctimas es la española con 27 casos, lo que indica que, probablemente, los infractores cargaron contra valencianos descendientes de migrantes e incurrieron en fuego amigo.
Las nacionalidades de las víctimas son variadas, predominando los africanos: Marruecos (19), Argelia (4), Malí (4), Ghana (1), Guinea Ecuatorial (1). También hay americanos: Colombia (2), Uruguay (1), Venezuela (1), Honduras (1), Jamaica (1), Estados Unidos (1) y Nicaragua (1).
Del mismo modo, los ucranianos, con 5 sucesos, tampoco se libran y han sufrido la intolerancia de algunas personas que no querían que se refugiaran en la Comunitat. Otros perjudicados que completan la lista proceden de Alemania (1), Estados Unidos (1), Rumanía (3) y Rusia (1).
La cifra es más preocupante si se tiene en cuenta el informe Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020 del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, que señala que en España existe el racismo y apenas se denuncia.
Solo el 18,2% de las personas que han sufrido discriminación han presentado denuncia, resalta el estudio, que se basa en encuestas a 1.624 personas de todas las comunidades autónomas y representativas de todos los grupos racializados. A ello se suma la discriminación y los problemas para encontrar trabajo de muchos jóvenes de segunda generación de migrantes que no se contabilizan.
¿Racismo institucional?
No parece coincidencia que los casos se multipliquen a la vez que crecen los partidos de ultraderecha por toda Europa con políticas contra la inmigración y ultranacionalistas. La última encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de 2023 sobre racismo destaca que "casi la mitad de las personas afrodescendientes de la UE sufren situaciones de racismo y discriminación en su vida diaria, lo cual supone un incremento desde 2016".
La misma tendencia del continente se ha dado en España y en la Comunitat, donde Vox ha entrado en el Consell, en el Ayuntamiento de Castellón y en el de València. En esta última institución la oposición ha pedido la destitución de la concejala de Vox que se encarga del área de Emprendimiento y Agricultura, Cecilia Herrero, por publicar los siguientes mensajes en sus redes sociales: "Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros", "Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada" o "el moro nos está invadiendo mientras se rearma", entre otros.
La edil está siendo investigada por la Fiscalía y sus mensajes no han sido condenados ni por la alcaldesa, María José Catalá, ni por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Alicante no se salva de las acusaciones por racismo institucional. Desde el consistorio alicantino se ha escuchado como se relacionaba la violencia de la Zona Norte de la ciudad con "grupos de menas". Vox aseguró el pasado mes de octubre que los extranjeros que no llegan a 18 años "tienen atemorizados a los vecinos de esa calle con peleas, apuñalamientos y disparos".
Compromís presentó ante los tribunales la declaración institucional de Vox por, presuntamente, constituir un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de los previstos en el Código Penal.
"Hemos actuado porque no podemos dejar que desde las instituciones, en este caso desde el ayuntamiento, se lancen mensajes de odio contra los colectivos vulnerables", aseguraba el concejal Rafa Más a EL ESPAÑOL de Alicante.
Ni las fiestas esquivan la polémica racial. A la tradicional queja a la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, donde los pajes se tintan el cuerpo de negro con betún y se pintan los labios de rojo, se sumó el debate generado por un artista al hacer una escultura municipal en las pasadas fallas de València representando a cuatro subsaharianos saltando una valla con la intención de denunciar el racismo. La idea no fue bien recibida por el colectivo de migrantes Uhuru, que la calificaron como "insensata, insensible y ridícula".