Alicante

La sentencia en contra del Ayuntamiento de Benidorm por los terrenos de la Serra Gelada ha dejado una compensación histórica, 283 millones de euros más intereses. El equipo de abogados de las empresas afectadas, liderado por José Domingo Monforte, destaca que es un "ejercicio de responsabilidad buscar la solución ahora".

Son días intensos después del revuelo que ha levantado el texto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en favor de Murcia Puchades Expansión y Urban Villajoyosa 2000. La millonaria compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad, que dicta una sentencia que aún no es firme, pone los focos en cómo se pagará o qué pasará cuando el Ayuntamiento ya ha dicho que piensa recurrir.

Y para avanzar lo que puede pasar en el futuro, José Domingo Monforte va al pasado. "En el año 2003 se logró un convenio en armonía y todos de buena fe, donde todas las partes que intervinieron firmaron un convenio para buscar un beneficio para la ciudad de Benidorm, que era dejar libre de edificación la zona de Sierra Helada", recuerda.

Ese convenio marcaba, y así lo recuerda la sentencia emitida la semana pasada por el TSJ, que, a cambio de esa cesión, el Ayuntamiento debía "compensar a los propietarios con excedentes de aprovechamiento de otros suelos". Esto fue lo que ha acabado iniciando esta batalla legal entre ambas partes.

El abogado valora aquel convenio firmado a principios de siglo "porque resultó muy beneficioso para la ciudad de Benidorm y con ello se protegió la Sierra Helada, libre de edificación, que hoy es un paraje natural". Ahora, tras haber conseguido la sentencia a favor afirma que el estado de ánimo de sus clientes se mantiene "con ese mismo ámbito de diálogo, de buscar soluciones, hemos estado siempre".

Y como prueba de ese espíritu, recuerda que "hemos tardado veintiún años en que se reconociera un derecho que no ha hecho más que decir «cúmplase el convenio que se hizo en su día»". De ahí que insista en que la cifra millonaria asignada por los jueces, la indemnización por compensación, "no es ni aleatoria ni hereditaria, es la que se pactó en el propio convenio, las bases de medida y métricas para establecer los metros cuadrados de la indemnización".

José Domingo Monforte, el abogado que ha conseguido la sentencia a favor con la compensación económica de 283 millones de euros. Cedida

En ese punto, recalca: "No sé qué sentencia esperaban. Simplemente el Tribunal Superior de Justicia lo que ha hecho es basarse en lo que tiene". El viernes, después de asimilar el impacto del texto del tribunal, los dos partidos mayoritarios del municipio se enfrentaron por esta gestión en la que ambos han estado involucrados. 

El abogado señala su extrañeza ante esta actitud. "Después de veinte años de haberlo ratificado, dos corporaciones municipales han iniciado el cumplimiento, que se descubren diciendo que ese convenio era nulo, pues no tenía sentido común. Era algo injusto y, no sé, simplemente hacía perder la confianza legítima en la Administración". De hecho, recalca que sus clientes "no esperaban que, 20 años después, les dijeran que ese convenio era nulo". 

A pesar de dos décadas de enfrentamiento en los tribunales en los que ahora reciben la razón, Monforte destaca que "no es ningún signo de debilidad tender la mano a buscar una solución". "La solución tiene que venir por el diálogo, por encontrar –digamos– soluciones que sean justas y equilibradas para las dos partes. Y ahí nos van a encontrar".

La cuestión es que si Monforte realiza estas declaraciones es porque, como confirma, "de momento, no ha habido ningún acercamiento". A lo cual, añade, "si ellos quieren recurrir, defenderemos nuestra posición ante el Tribunal Supremo, ante quien sea". Y por eso concluye que "es un ejercicio de responsabilidad buscar la solución ahora y no dar, bueno, patada adelante y buscar la solución cuando ya no haya otro remedio que el cumplimiento".