Tres altos cargos de los gobiernos de Ximo Puig (PSPV-PSOE), han incumplido la obligación legal tras su cese de presentación de las declaraciones correspondientes a las actividades posteriores, así como la de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales a que estaban obligados. La Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI) de la Generalitat Valenciana ya les ha abierto expediente sancionador.

Se trata de Elvira Ródenas Sancho que cesó como directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral y directora del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud Laboral (INVASSAT), el 4 de agosto de 2023; Pablo Balanzá Martínez que cesó como director adjunto de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, el 31 de agosto de 2023; y Rufino Selva Guerrero, que cesó como adjunto a la Dirección General de la Societat Projectes per la Transformació Digital, S.A , el 17 de agosto de 2023.

Según los escritos de la OCCI, a todos ellos se les "requirió telemáticamente, para que en el plazo de 10 días, presentasen ante el RECCI la declaración de actividades posteriores al cese y la declaración de bienes, con la información actualizada en el momento de su presentación".

"En el mismo requerimiento se les informó que, en caso de incumplimiento, se solicitaría el inicio del correspondiente procedimiento sancionador", continúa el escrito. Más tarde, "se les volvió a requerir por medio de correo certificado con acuse de recibo" y transcurrido el plazo seguían sin dar cumplimiento a las obligaciones requeridas. 

La legislación es clara a la hora de establecer que todos los altos cargos de la administración autonómica tienen un "plazo de dos meses desde los efectos del cese, para la presentación de la declaración de actividad que va a desempeñar y la de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales".

De las misivas a todos estos cargos del PSPV-PSOE se desprende que "la conducta anteriormente descrita puede ser constitutiva de una infracción grave, prevista en el artículo 15. 2.b) de la Ley 8/2016" a la que le corresponde "la sanción de la publicación de la misma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Portal de Transparencia, y la prohibición de volver a ser nombrados alto cargo no electo durante un periodo de 2 a 5 años".

En este sentido, la OCCI propone en este caso la duración de la prohibición durante 2 años. Y para ello se ha nombrado dos instructores de los casos y se les dio "un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, y en su caso, proponer la prueba que considere oportuna, concretando los medios de los que pretende valerse". El plazo de instrucción ha sido 6 meses.