Un agente de la Policía Local de Santa Pola.

Un agente de la Policía Local de Santa Pola.

Alicante TRIBUNALES

Cuenta atrás para el juicio por el fraude en la compra de uniformes de la Policía Local de Santa Pola

Nueve personas se sentarán en el banquillo a partir del martes por el supuesto fraude en la compra de varios enseres del cuerpo policial. 

28 septiembre, 2024 16:27
Alicante

A partir de este martes, un exconcejal de Seguridad, junto con un exjefe de la Policía Local de Santa Pola y siete personas más, se enfrentarán a la justicia por su supuesta implicación en un caso de fraude relacionado con la adquisición de uniformes, gorras, chaquetas y grilletes para la policía local y otros servicios de emergencia del municipio. Los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2016.

El juicio se celebrará en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y está previsto que se extienda hasta el 8 de noviembre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). 

Según apunta la agencia EFE, esta vista estaba programada para el año pasado, pero fue aplazada debido a la renuncia de dos magistrados encargados de enjuiciar el caso.

Entre los acusados se encuentran un oficial y un agente de la policía local, así como varios empresarios. La fiscalía los acusa de prevaricación administrativa y de cometer un delito continuado de fraude y malversación de caudales públicos. Las irregularidades habrían tenido lugar en el proceso de compra del material destinado a la policía local.

Según el Ministerio Público, el exconcejal y los agentes policiales habrían colaborado con los empresarios, responsables de varias compañías del mismo grupo, para fraccionar el coste de los servicios y así evitar licitaciones públicas, adjudicando los contratos de manera directa y como contratos menores.

La acusación sostiene que, entre 2013 y 2016, se solicitaron y pagaron cantidades de material como grilletes, gorras y uniformes que nunca llegaron a entregarse, incumpliendo los procedimientos de contratación legal. La fiscalía solicita penas de entre cuatro y cuatro años y medio de prisión para los implicados.