La prórroga de las bonificaciones de viaje no está aun definida, si bien desde el Gobierno la intención es terminar con las ayudas para el próximo año, lo que acabaría con la medida, ya que es aprobada por el Gobierno central y el autonómico.
La postura estatal quedó clara con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien declaró en una entrevista que la renovación va a depender "de las negociaciones presupuestarias y "de decisiones del Gobierno de España". Sin embargo, reconoció que su posición es que "esa política debe cambiar".
La reducción temporal del 50 % ha sido aplicada a una amplia variedad de títulos, como el Bono Multiviaje, Bono Jove, Bono Escolar, Bono 30 días y Bono Ruta 4/30 Jove, para el sistema TAM de Alicante y para los títulos Bono 10, Bono 30, 24 h, Gent Major Mensual, Mobilitat Mensual del TRAM d’ Alacant.
Hasta el 28 de febrero de 2025, los títulos adquiridos dentro del período de descuento podrán seguir utilizándose, pero desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2025, los usuarios tendrán que abonar la diferencia entre la tarifa antigua y la vigente si desean aprovechar los viajes no consumidos, informan desde el TRAM.
El fin de los descuentos también afectará al Abono Joven, aplicado para menores de 31 años, que se mantendrá en vigor hasta el próximo 31 de diciembre.
Esta medida, que nació con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación y fomentar el uso del transporte público, permitió a los alicantinos realizar desplazamientos con tarifas significativamente reducidas, beneficiando tanto a trabajadores como a estudiantes.
Aunque el Ministerio de Transportes aún no ha confirmado si las bonificaciones continuarán, el ministro Puente ha dejado entrever que las prioridades para el próximo año estarán enfocadas en aspectos como la calidad, el confort y la frecuencia de los servicios, más que en la reducción de precios.
El gobierno autonómico, encabezado por Carlos Mazón, ha insistido en la necesidad de mantener estas ayudas al transporte público, considerándolas "una herramienta clave" tanto para la economía de las familias como para la sostenibilidad medioambiental. La Generalitat ha solicitado al Ministerio que reconsidere su postura, argumentando que el contexto económico actual aún requiere medidas que alivien la carga de los ciudadanos.