La Audiencia juzgará al extesorero de una 'filà' de Alcoy por apropiarse de 66.000 euros de fondos

La Audiencia de Alicante juzgará este miércoles al extesorero de una 'filà' -una agrupación de festeros de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. El individuo está acusado de haberse apropiado presuntamente de 66.000 euros correspondientes a fondos de la organización. Ahora, la Fiscalía solicita para él una condena de tres años y medio de prisión.

La Fiscalía considera al acusado responsable de un delito continuado de apropiación indebida al sostener que desvió 66.629 euros de las cuentas de la entidad para beneficio propio, en unos hechos que se habrían producido entre los años 2016 y 2018, cuando el procesado formaba parte de la junta directiva de la entidad festera.

En concreto, la Fiscalía apunta que el acusado, además de asumir el puesto de tesorero, también ejerció responsabilidades como 'primer tro' de la 'filà' -un cargo análogo al de presidente- durante esos años y en años anteriores.

En esta línea, apunta que pudo disponer de fondos de la organización en el ejercicio de esas funciones, hasta el punto de distraer varias cantidades sin el consentimiento ni el conocimiento del conjunto de miembros de la entidad.

Así, en su escrito de calificación inicial, la Fiscalía solicita que se le imponga al acusado una condena de tres años y medio de prisión, además de pena de multa de tres meses con una cuota de ocho euros al día.

De igual modo, reclama que el acusado indemnice a la Asociación de San Jorge -la entidad responsable de la organización de los festejos locales- con la cantidad desviada de las cuentas de la agrupación de festeros, incrementada con la aplicación de los intereses legales.

La Asociación de San Jorge es la entidad responsable de la organización de la Fiesta de Moros y Cristianos que anualmente celebra Alcoy en honor a su Patrón San Jorge.  Fue declarada en 1965 de 'Interés Turístico' y en 1980 de 'Interés Turístico Internacional' junto a otras fiestas españolas. Además, el Ministerio de Interior la declaró en el año 2000 como 'Entidad de Utilidad Pública'. 

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