En marzo de 2021, el Ayuntamiento de Alicante aprobó la "Ordenanza reguladora del régimen de funcionamiento de las entidades colaboradoras de la administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas". Una nueva normativa que pretendía reducir los plazos actuales para la obtención de licencias urbanísticas de los hasta 16 meses (casi año y medio) actuales, a menos de tres.
Cinco meses después, sobre la mesa del concejal de Urbanismo, Adrián Santos, hay licencias por conceder con hasta tres años de demora. Así que por el momento no se ha conseguido reducir una problemática que el propio concejal tenía claramente diagnosticada.
Los empresarios y promotores le habían explicado que sin la licencia no pueden tener acceso a la financiación con las entidades de crédito, y consecuentemente no pueden iniciar sus proyectos. “No es tanto una urgencia en cuanto al inicio de la ejecución de la obra, sino la obtención de la licencia para comercializar un producto con la garantía de que disponen de licencia y de financiación” señaló entonces el edil.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo, asegura que la ordenanza que implementaba el "Decreto 62" en la ciudad, "no ha surtido efecto". E insiste: "Es una cuestión de voluntad de todas las partes implicadas, los políticos, los técnicos y los funcionarios".
Entre tanto, no dejan de aparecer anuncios de grandes proyectos de la Concejalía. Por ejemplo, Benalúa Sur: 555 nuevas viviendas y más de 12.000 m2 en tres grandes zonas verdes, con una reurbanización que ha costado casi 6 millones de euros. la expansión de la ciudad por Vistahermosa Norte. La rehabilitación de la antigua refinería de La Británica. Dos grandes parques urbanos en el PAU 5 y el PAU 2.
Hechos puntuales
Santos, en declaraciones a este diario, asegura que no existe ese tapón y que "los plazos para concesión de licencias están entre 4 meses, las prioritarias, y seis meses los demás". No es lo que opinan los promotores, empresarios de distintos ámbitos y profesionales como los arquitectos.
"Las que llevan más tiempo se debe a hechos puntuales", continúa el concejal. "A veces tenemos proyectos con hasta seis subsanaciones y los promotores no terminan de ajustar sus proyectos a lo establecido por le ley", asegura lanzando un aviso a navegantes: "Nos estamos planteando denegar las licencias tras la primera subsanación y que los plazos empiecen a contar desde el principio".
Sin embargo, para el presidente de los arquitectos "es de agradecer y es compatible que una ciudad como Alicante tenga grandes proyectos de desarrollo, pero al mismo tiempo hay un tejido empresarial y unas necesidades de mercado que requieren la aceleración de la concesión de licencias", señala Vicedo, quien detalla retrasos de hasta 30 meses. "No hay empresa que aguante sin licencia dos años y medio", añade.
Lo mismo opina Jesualdo Ros, el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios Alicante (Provia): "Ha habido cierta mejoría en la concesión de licencias, pero dista muchísimo de respetarse los plazos que deberían ser lógicos. Hay un exceso de burocracia, normativa y regulación". Ros tiene conocimiento de retrasos de hasta 16 meses.
Perder el tren
"Nunca sabemos lo que van a durar los ciclos económicos, pero tenemos que ser capaces de aprovechar la situación actual. Por eso hago un llamamiento a todos, políticos, técnicos y funcionarios, para revertir la situación. Técnicos externos son capaces de estudiar una licencia en un mes, algo que para la Administración se convierte en cuatro. ¿Por qué no hacemos todo lo posible por cumplir con esa ordenanza", asegura Vicedo.
Y es que, los empresarios que quieran invertir en ciudad y tengan que esperar años en que les concedan una licencia se trasladarán a otros municipios. Santos también argumenta falta de personal en Urbanismo para ser más diligentes en la concesión de licencias.
Por su parte, Ros asegura que están en riesgo también los proyectos con financiación europea. "Hay que reconocer el trabajo de los técnicos y funcionarios. El problema es la excesiva regulación, a veces contradictoria, con la que nos encontramos. Con un PGOU de 1987 y sucesivos desarrollos que lo único que han hecho es complicar las cosas", afirma.
Desde le Concejalía aseguran que se quiere poner en marcha cuanto antes la oficina para el PGOU y evitar todos los problemas que produce la gran cantidad de normas existentes.