Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, el Tribunal Constitucional ha declarado nulas las reglas de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que hasta ahora se han aplicado para el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como plusvalía.

Ante la imposibilidad de cobrar dicho impuesto, que sirve para financiar obras y servicios esenciales de los ayuntamientos, en Alicante han saltado todas las alarmas. El cobro de este impuesto supone alrededor de 15 millones en ingresos de un presupuesto total de 274 millones (un 5,4% de la recaudación).

El ayuntamiento de Alicante ya trabaja en un 'plan B' que permita paliar los efectos perversos para la recaudación de esta decisión del alto tribunal. Al tiempo, confía en que exista un acuerdo parlamentario "urgente" para que se pueda aplicar la carga impositiva sin contradicción con el principio que el TC considera vulnerado: el de capacidad económica como criterio de imposición establecido en el artículo 31 de la Constitución. 

Con 15 millones menos de ingresos y el capítulo de inversiones comprometido por las plurianuales, no queda más remedio que ajustar en el gasto corriente y subvenciones Es decir, en los proyectos de las áreas que no son inversiones. El objetivo del Gobierno municipal de Luis Barcala es que "en ningún caso el Ayuntamiento de Alicante aplicará reducciones en los servicios públicos (limpieza, recogida de residuos, entre otros), ni en el apartado de personal".

Las cuentas de 2022

Alicante quiere adjudicar en 2022 de nuevo las dos mayores contratas municipales, la de recogida de basuras y limpieza urbana y la del transporte urbano. Para ambas, está previsto un importante incremento del coste del servicio que se debe consignar en los presupuestos presentados, previsiblemente, antes de final de este año. da igual si se ejecuta total o parcialmente.

Ante esta situación, una bajada en la recaudación sin compensación por parte del estado o la Generalitat vía transferencias, ahogaría la capacidad del consistorio para planificar de un modo coherente las cuentas de los próximos años.

Para el Ayuntamiento resulta "obvio" que no es un problema específico de Alicante, sino de los más de 8.100 consistorios del país. Así las cosas es un problema que sólo el Gobierno de Pedro Sánchez puede solventar. "De su actuación depende que los ayuntamientos veamos o no sustancialmente reducidos nuestros recursos y que podamos tener a tiempo los presupuestos", explican desde el consistorio.

La urgencia de la solución estriba en que además de un problema de reducción de los ingresos, también lo es para cuadrar unos presupuestos municipales que todos los ayuntamientos tienen en fase de elaboración y aprobación. Concretamente el proyecto de presupuestos en Alicante ya estaba prácticamente cerrado para tramitar su aprobación y se ha tenido que parar.

Desde el Ayuntamiento lanzan un mensaje de tranquilidad pese a la necesidad urgente de solución al problema porque la Oficina Presupuestaria municipal trabaja desde este miércoles en la elaboración de esa alternativa. Pero, añaden, "sólo si el Gobierno de España reacciona con suma rapidez evitaremos unos retrasos y recortes que sufrirían todos los ciudadanos. Y es lamentable que con este Gobierno vivamos en un permanente estado de incertidumbre".