Uno de los candidatos que ha logrado sacar plaza en las polémicas oposiciones a la Policía Local de Alicante es el sobrino del que fuera concejal de Recursos Humanos en la ciudad entre 2015 y 2018, el socialista Carlos Giménez. Hombre muy cercano a Ángel Franco, el político que controla entre bastidores el partido a nivel local desde hace décadas, Giménez ha sido también senador (tras renunciar Franco a su plaza) y actualmente ejerce de asesor en la Conselleria de Sanidad, que dirige la alicantina Ana Barceló.
Según ha podido saber este diario, su sobrino estaba de interino en el cuerpo en el momento en el que aprobó la plaza en las oposiciones, algo que es bastante habitual. Lo que no se sabía es que entró en este régimen en julio de 2017, cuando su tío estaba ejerciendo de concejal de Recursos Humanos.
Lo hizo a través de una bolsa de trabajo-contratación y previo examen, que es mucho menos exigente que una oposición. En esa misma bolsa de trabajo se incorporó también el hijo de Marisa Navarro, agente de Policía Local y en aquel momento líder sindical de UGT en el consistorio alicantino, además de militante del PSOE. Tanto el sobrino de Giménez como el hijo de Navarro y el hijo del actual jefe de UGT han sacado plaza en las oposiciones que el Ayuntamiento está investigando.
EL ESPAÑOL ya desveló este jueves la lista completa de relaciones políticas de los aspirantes que habían conseguido una de las 92 plazas en las oposiciones. Además de esos tres, figura también el sobrino político de Ángel Franco, jefe del PSOE alicantino, el hijo de uno de los dos concejales de Vox, José Juan Bonet, y la mujer de un exdiputado provincial del PP, Adrián Ballester. En el caso de Ballester, su esposa también estaba en régimen de interina y entró precisamente durante la época de Giménez.
De la lista también destaca la sobrina del promotor alicantino Enrique Ortiz, el principal dueño de suelo urbanizable de Alicante y contratista en el servicio de limpieza de basuras. Además, hay dos exasesoras del PP y más de una veintena de parientes directos de agentes que están en activo.
Una comisión aprobada en pleno
Precisamente este jueves el pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la constitución de una comisión de investigación para esclarecer la existencia o no de posibles irregularidades en el desarrollo de las oposiciones a la Policía Local.
Dicha comisión tendrá una representación proporcional a la de cada grupo político representado en el consistorio y se reunirá con una periodicidad quincenal.
El acuerdo se alcanzó por unanimidad, con el respaldo de PP, PSOE, Ciudadanos, Unides Podem EU, Compromís y Vox, después de que se hayan difundido denuncias anónimas en las que se apunta que dos tercios de las 92 plazas en liza podrían haberse adjudicado a hijos de mandos policiales, de otros agentes, de concejales, de representantes sindicales o de personas vinculadas a empresas que prestan servicios municipales.
Tanto la Concejalía de Recursos Humanos, a instancias del alcalde, Luis Barcala (PP), como la Agencia Valenciana Antifraude han iniciado ya averiguaciones sobre el desarrollo de ese proceso.
No obstante, las seis formaciones políticas alcanzaron un acuerdo el pasado martes para promover la constitución de la comisión con el fin de revisar el proceso y disipar si pudo concurrir algún tipo de anomalía.
Así, los representantes de los seis partidos validaron su constitución, aunque con argumentos distintos y cruces de críticas sobre la existencia de un posible caso de nepotismo y de presunta corrupción o de reproches sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
En primer término, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, solicitó celeridad en la investigación para que "las sospechas" no perjudiquen la imagen de Alicante y de la Policía Local. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, lamentó que el proceso haya reactivado "los peores tiempos del PP" y emplazó al alcalde y al edil de Recursos Humanos, José Ramón González, a aclarar si es o no posible suspender la convocatoria.
Su homólogo de Unides Podem EU, Xavier López, advirtió de que no tolerarán "un cierre de la comisión sin que se haya llegado hasta el final" para dilucidar si en las presuntas anomalías existen responsabilidades políticas.
Mientras, el portavoz del PSOE, Paco Sanguino, consideró que "lo primero es que se esclarezca si ha habido fraude", para lo que se constituye la comisión, después de que se hayan difundido informaciones anónimas sobre la posible adulteración, aunque subrayó la posibilidad de que "se esté criminalizando" a los aspirantes que hayan superado las pruebas por mérito y capacidad.
Presunción de inocencia
Por su parte, el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, coincidió en las apreciaciones de Sanguino y acusó a López y Bellido de vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. "No podemos prejuzgar nada", señaló, antes de insistir en que el tribunal que dirigió el proceso "viene predeterminado por la ley", por lo que se debe presumir su objetividad. Además, ha recalcado que dicho tribunal "es libre, soberano e independiente".
En cualquier caso, González aseguró: "Hemos actuado con celeridad y pedimos informes para esclarecer lo sucedido". Y sentenció: "Unos quieran seguir hablando de corrupción pensando que les da votos y otros queremos transparencia en los procesos públicos".
"No voy a entrar en el juego sucio que ustedes quieren", dijo, para añadir que hasta el momento "no se ha presentado ninguna queja ni reclamación" respecto al resultado de la oposición.
En el pleno también se aprobó con carácter previo y por unanimidad el inicio del expediente para conceder la Medalla de Oro de la ciudad al cuerpo de la Policía Local en reconocimiento a su labor en el año en el que se cumple el 175 aniversario de su creación.
"RECTIFICACION CARLOS GIMÉNEZ"