El proceso de construcción y venta de la superficie hotelera en la dársena del Puerto de Alicante está plagado de irregularidades, según el perito judicial que trabajó en los años 90 en su expediente. Manuel Ayús lo recoge en el libro Los enclaves del demanio público marítimo terrestre, que piensa llevar al Ministerio de Transición Ecológica para que el área de Costas estudie de nuevo la legalidad de la ocupación del terreno de sus actuales propietarios.
Cuando Ayús se presente en Madrid para explicar la situación tendrá que recorrer casi un siglo de historia del derecho en España. El cómo se ha aplicado ha transformado buena parte del paisaje litoral. Aunque en el caso de Alicante, puntualiza, se debe más a lo considera claros incumplimientos de la norma.
El origen lo sitúa en la ley de puertos de 1928 "que establece que en aquellas promociones de ganar terreno al mar, una vez obtenida la plataforma se hará un replanteo de la misma y se dividirá en dos parcelas: una de titularidad pública y otra privada". Esa es la base sobre la que en los años 60 se plantea una expansión urbanística en ciertas ciudades con playa.
Los 60. "Nos situamos en los años 60, una década prodigiosa para Urbatusa, una sociedad del Melià que tiene una visión tremenda sobre los enclaves para levantar su negocio, hoteles". En el caso de Alicante, Urbanismo y Construcciones Turísticas SA plantea la ampliación de la dársena del puerto en el lado que da a la playa del Postiguet. Hasta ahí, como remarca Ayús, todo correcto.
Vivir encerrados
La España de los 60 quiere dejar el blanco y negro para empezar a vivir en color. La dureza de la posguerra se extendió en el tiempo con el aislamiento internacional. No fue hasta 1955 que España fue admitida en Naciones Unidas, un tiempo en el que intentó vivir en lo que se llamó la autarquía, es decir, una economía que vive sin importaciones.
Las restricciones de vivir encerrados estaban bien frescas en la cabeza de todos, así que el turismo internacional suponía un revulsivo. "Se convence a la gente de que el turismo en España es importante y hay que fomentar esa actividad. Lo que se transmite es la imagen de progreso, entendido desde el punto de vista de la economía, que habrá ingresos y se podrá vivir bien", explica Ayús.
Más grande, más alto
El proyecto que se quiere hacer en la ampliación de la dársena del puerto representa esos nuevos valores. Se quiere dejar atrás los balnearios del siglo XIX, que aún perviven en los años 60. Se construye un moderno pabellón de baño para el disfrute del sol y playa. ¿Cómo no iba a mejorar la imagen de la ciudad un pequeño hotel de dos alturas?
El perito explica que la altura original permitida del hotel debía ser la del edificio de aduanas, a la derecha de la imagen.
El libro de Ayús recoge la documentación que se fue aprobando para crear este proyecto. Y sí, en su momento, el edificio iba a tener como máximo la altura del edificio de Aduanas que tendría enfrente. Pero antes de eso, está la cuestión de lo que se ocuparía. El proyecto aprobado en 1961 establecía que se ganaría a la playa del Postiguet una nueva área de unos doce mil metros cuadrados, como indica Ayús.
Una vez construida, se inscribe en el registro de la propiedad. Y ahí es donde Ayús señala que queda la evidencia de lo que debía haber sido y no es: un área rectangular pegada a la dársena que estaría rodeada de otra mucho mayor que sería la pública.
El siguiente paso ya marcaría el perfil de la costa de la ciudad. Según apunta, cuando se lleva el proyecto al despacho de arquitectura en Madrid que lo diseñaría, este lo hace sobre toda la parcela, no sobre la privada que le correspondía. El hotel ya iba a ser mucho mayor de lo esperado.
La dársena del Puerto de Alicante en 1972.
La cuestión es que iba a crecer aún más. Como recoge la orden ministerial de 1965, se establece una altura superior. Y cuatro años después, en 1969, ya se marca la definitiva con la que se divide actualmente la vista de la playa. Como señala en un momento del libro, "es ciertamente inconcebible todo esto y más inexplicable que ninguna administración, ni funcionario, ni cargo público hubiera instado a Urbatusa a la observancia de la legalidad".