El equipo de Gobierno de Luis Barcala (PP) en el Ayuntamiento de Alicante ya tiene diseñadas sus cuentas para el año que viene que quiere sacar adelante antes de que acabe el año. De ahí que comenzará en breve la fase de consulta con los grupos de la oposición dándoles a conocer de forma pormenorizada su proyecto de Presupuestos.
Este año, no obstante, el considerable aumento de los gastos frente a un ligero aumento de los ingresos, cambiará la dinámica de los últimos cinco años. La ciudad debe encontrar vías para poder acometer el pago de todos los servicios frente al aumento de los precios de la energía o el incremento del coste de las principales contratas de la ciudad.
En noviembre del años pasado Barcala presentó unos presupuestos por un valor de 326.020.706 euros (12,1 millones más que el de 2022). No obstante, la negativa de Vox a apoyarlos hizo en marzo de este año el entonces gobierno municipal de PP-Cs tuviese que prorrogar las cuentas de 2022 ajustando muchos gastos a los compromisos adquiridos.
En estos dos años se ha tenido que trabajar sobre la base de 313 millones de euros de ingresos. No obstante, la Guerra de Ucrania y la crisis energética han encarecido mucho los servicios. Sin ir más lejos, Alicante prevé gastar 9 millones de euros más en la factura de la luz. Y también casi 15 millones de euros más en gastos de personal tras la aprobación de las nuevas legislaciones laborales.
Además, el equipo de Barcala ha aprobado las dos mayores contratas municipales, Limpieza y Recogida de Residuos y Transporte Urbano. Según las informaciones municipales de septiembre de 2022, "El nuevo contrato aumenta el gasto anual en limpieza en 5.406.772,71 euros, un 30,28% más, y la recogida de residuos en 2.241.933,33 euros, un 15,04%. La nueva contrata costará al Ayuntamiento 40.410.028,29 euros al año, frene a los 32.761.322,25 euros en contrato actual, con un incremento de 7.648.706,04 euros".
Y lo mismo ocurre con el transporte urbano, habiéndose aprobado una adjudicación que eleva el gasto anual a más de 14 millones de euros. Mientras no se aprobaban nuevos presupuestos, el Ayuntamiento tuvo que prorrogar el servicio, pero en 2024 entra en vigor la nueva concesión.
Por el momento Alicante no ha aplicado la nueva ley nacional 7/2022 de "Residuos y suelos contaminados para una economía circular", que implicará a partir de 2025 que se repercuta en el recibo de los vecinos el coste real del servicio, que hasta ahora se financiaba con otros ingresos. Pero ya en este año debe planteárselo.
Alicante es la gran ciudad menos endeudada de España desde que en el año 2020 amortizase anticipadamente 18,9 millones de euros, pasa a tener "deuda cero". De este modo, al dejar de estar sometida a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha podido durante los últimos tiempos utilizar todos sus remanentes de tesorería a conveniencia para diferentes gastos.