El asesinato de dos guardias civiles en la localidad gaditana de Barbate tras ser embestidos por una narcolancha que se aproximaba al puerto ha sacudido a la sociedad española y ha evidenciado de la peor manera posible la falta de medios de los agentes. En Alicante también se han hecho eco de la tragedia y desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han exigido mejoras para que esta situación no llegue a ocurrir en la provincia.
Miguel Ángel, de 39 años, del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) y David, de 43 años, del Grupo de Acción Rápida (GAR) han sido víctimas de la alarmante actividad delictiva que se produce en el sur de España. Y, aunque en menor medida, operaciones similares se realizan habitualmente en el mar alicantino, donde el narcotráfico y la inmigración ilegal son un desafío constante.
Francisco Javier García, secretario general provincial de la asociación, explica que embarcaciones ilegales como la de Barbate también intentan penetrar en el territorio alicantino. "Por desgracia, el narcotráfico es una cosa que está a la orden del día, en Andalucía hay más casos, pero a Alicante también llegan los que tratan de buscar otras rutas aunque estén más alejadas", asegura el secretario.
El Servicio Marítimo de Alicante cuenta con varias naves, pero la embarcación de altura se encuentra prestando servicio especial en Mauritania. Allí trata de frenar la inmigración ilegal a través de las pateras controladas por mafias que actúan como taxis desde el norte de África y ponen en riesgo a los tripulantes.
"Estamos detectando que los mismos narcos también están actuando con las mafias que traen inmigración irregular y necesitamos medios tanto para una cosa como para la otra", indica el responsable, quien pide mejores equipos especializados en toda España para luchar contra las organizaciones criminales y evitar la "insostenible situación de la costa andaluza".
Los principales problemas a solucionar en Alicante son comunes a otras provincias, siendo el más preocupante la falta de personal. "Hay que reforzar los equipos en las zonas de mayor incidencia y en poblaciones en las que hay una patrulla por cuartel, incluso hay algunos sin patrulla", señala García. Las precarias condiciones del instituto armado en pueblos como Banyeres de Mariola hacen que un cabo y cuatro agentes tengan que cubrir grandes áreas en servicio 24 horas.
García comenta que las zonas de actuación pueden ser "inmensas", llegando a cubrir "kilómetros y kilómetros de demarcación, muchos con multitud de urbanizaciones, núcleos urbanos y municipios". Al haber solo una patrulla, en el momento de una detención se queda inoperativa para más servicios que se puedan necesitar, ya que tienen que instruir diligencias para el juzgado y hacer el traslado al depósito judicial.
Esta es una de las reivindicaciones de la organización, que también demanda una "jornada laboral digna" que debería haberse puesto en marcha con la orden general que entró en vigor en 2014. A pesar de la medida, la falta de personal hace que no se pueda aplicar realmente y que no tengan un sistema de turnos fijos como los de otros cuerpos policiales.
En la provincia hay un total de 2.743 agentes que se quedan cortos ante la enorme población flotante que acoge Alicante entre migrantes y turistas, que multiplican la población de determinadas zonas, afectando más a las ciudades costeras.
Modernización del cuerpo
La modernización de los equipos es otra cuestión en la que hacen hincapié, ya que "hay vehículos con más de 500.000 kilómetros". Para agravar la situación, la entrega de coches eléctricos supone un quebradero de cabeza por no tener espacio donde guardar material y "tardar hasta 15 horas en cargarse completamente".
Otra de las quejas es el mal estado de algunos cuarteles, siendo el caso más reciente el de Jacarilla, en un estado ruinoso, que se suma a otras deficiencias relacionadas con la seguridad, la accesibilidad, la ausencia de calefacción y de aire acondicionado en algunas dependencias.
Por otro lado, desde AUGC critican que se destinen agentes de seguridad ciudadana a las áreas de violencia de género y delincuencia tecnológica. "No decimos que estos espacios no existan, al contrario, hay que avanzar con los retos de la sociedad y crear esos equipos, pero con un personal cualificado y con formación específica", subraya el secretario provincial.
La falta de personal hace que se dividan los agentes y se pierda eficacia en los equipos. Esto se complica teniendo en cuenta "la falta de autoridad creciente en la sociedad y el no reconocimiento como profesión de riesgo, condición que sí que tiene la Policía".
Por todo ello, el próximo viernes 16 de febrero AUGC se concentrará junto a otras asociaciones profesionales frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno de Alicante para exigir una profunda reforma en la Guardia Civil que se traduzca en un mejor desempeño de su labor.