Aplazan el desahucio de una familia alicantina con un bebé y una menor gracias a la resistencia de los vecinos

Este miércoles, 4 de octubre, vecinos de Alicante y miembros del Sindicat de Barri de Carolines han conseguido frenar el desahucio de una familia española con un bebé y una niña pequeña que reside en el barrio de Juan XXIII.

Los padres, ambos desempleados, llevan años viviendo en un piso propiedad del Banco Sabadell. Según el sindicato, la familia adquirió una llave para acceder al inmueble, un fenómeno que ha cobrado fuerza en la Zona Norte de Alicante, y que ha terminado derivando en un proceso judicial que ha sido aplazado gracias a la resistencia.

Elena Bronchalo, miembro del sindicato, asegura que han defendido un derecho que consideran fundamental: garantizar que las personas vulnerables, especialmente aquellas con menores a su cargo, no queden en la calle.

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"En la Zona Norte hay bastante tráfico de llaves. Se ha creado un gueto para personas que no tienen acceso a una vivienda convencional", explica. Aunque una mediadora del Banco Sabadell ha hablado con la familia para intentar buscar soluciones, Elena afirma que el principal problema es la falta de intención del banco de ofrecer alquileres sociales. "Consideran que es un riesgo elevado y que la rentabilidad es muy baja", lamenta.

El banco, según el sindicato, ha ofrecido a la familia la opción de comprar el inmueble al contado, ya que es un barrio conflictivo y deteriorado. Sin embargo, los ingresos modestos de los afectados complican esta alternativa.

Desde el sindicato, están ayudando a la familia a gestionar un préstamo que les permita presentar una oferta razonable y evitar el desahucio. "Nuestro objetivo es evitar que esta familia acabe en la calle. Hay una negociación abierta y vemos posibilidades de éxito, pero sería una desgracia que, por una cuestión de plazos, no se realizara el acuerdo", añade Bronchalo, subrayando la urgencia del caso.

Elena también critica que muchas de estas viviendas han sido vendidas a fondos buitre. "Estos grupos especulativos no pagan impuestos en España y se benefician de la depredación del territorio. Los bancos deberían cumplir con su responsabilidad social y ofrecer alternativas reales", enfatiza.

Aumento de casos

El Sindicat de Barri de Carolines ya logró paralizar en julio el desahucio de Soria, su marido y su hijo Khaled, un niño de seis años con un 95 % de discapacidad, en la Colonia Requena, uno de los casos más mediáticos. Aunque consiguieron aplazar el desalojo 20 días más, finalmente, la familia tuvo que abandonar su hogar y ahora vive en pisos gestionados por una organización religiosa para personas extremadamente vulnerables.

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"Estos casos son habituales y ocurren todas las semanas en Alicante. La semana pasada paramos uno y ya tenemos tres programados para enero. Y eso solo son los casos que llegan a la asamblea", indica.

La portavoz de este caso añade que la mayoría de ocupaciones en Alicante se producen en inmuebles propiedad de bancos y que en la mayoría de los casos, los ocupantes abandonan las viviendas de forma voluntaria para evitar conflictos con los vecinos o los propietarios.

Desde el sindicato califican esta problemática como un fracaso social y sanitario, que va en aumento y que pone en evidencia las carencias de las políticas municipales de vivienda en Alicante.

Jornadas de okupación

Una de las iniciativas más mediáticas del sindicato fueron las jornadas de ocupación organizadas en octubre. Este encuentro, llevado a cabo en un bloque ocupado del barrio Virgen del Remedio, tenía como objetivo romper mitos sobre la okupación y denunciar la precariedad habitacional que afecta a muchas familias vulnerables.

El evento fue criticado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien denunció su celebración. Sin embargo, desde el sindicato defendieron que "no se fomentó la okupación, sino que se visibilizó una problemática y se ofrecieron consejos a personas en situación de vulnerabilidad".

Por otro lado, el pasado sábado, 19 de octubre, un millar de personas se manifestaron en la ciudad de Alicante para reclamar el derecho a una vivienda digna y posicionarse en contra de la turistificación y la continua subida del precio del alquiler en una de las capitales más afectadas de España.