Imagen de archivo del director de la Agencia Antifraude Valenciana, Joan Llinares, y el responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, Fernando Jiménez.
Antifraude reprocha a Benidorm interponer una querella a sus funcionarios para "amedrentarlos"
Llinares afirma que el Ayuntamiento benidormí actuó en "represalia" interponiendo una querella contra la Agenia por reclamar una documentación.
28 marzo, 2023 16:39El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha señalado al Ayuntamiento de Benidorm como "incumplidor" de sus recomendaciones y lo ha acusado de “haber puesto en marcha todos su mecanismos legales para perseguir a los funcionarios de la Agencia” con el objetivo de “amedrentarlos”.
Llinares ha hechos estas declaraciones durante la presentación hoy en Les Corts de la memoria 2022 de la Agencia Valenciana Antifraude, donde ha afirmado que el ayuntamiento benidormí actuó en “represalia” contra cinco funcionarios de la Agencia interponiendo una querella contra ellos por haberse personado en el consistorio para reclamar una documentación.
"Después de cinco requerimientos se presentaron en el Ayuntamiento para pedir una documentación que, durante seis meses, se le había estado pidiendo y así dejar constancia de si se entregaba o no para, en caso de no hacerlo levantar acta del incumplimiento y abrir expediente sancionador para lo que tenemos competencias”, ha relatado Llinares.
Sin embargo, a pesar de que dicha visita se desarrolló “con absoluta cortesía como siempre hacen nuestros funcionarios cuando se personan en administraciones públicas”, unos meses después el Ayuntamiento presentó una querella contra estos trabajadores de Antifraude por “falsedad en el acta y usurpación de funciones”.
Llinares reprocha al Ayuntamiento que haya “ignorado absolutamente nuestra ley que considera autoridad pública a los funcionarios de la Agencia en su actuación y su legitimidad para reclamar documentación” y ha opinado que la querella fue presentada “para amedrentar, asustar y generar una situación de incertidumbre en los funcionarios” puesto que el procedimiento penal los expone a penas de entre 3 y 6 años de prisión y una inhabilitación “prácticamente de por vida”, una situación que puede hacer que “otros funcionarios salgan corriendo de las instituciones si se van a encontrar con situaciones de este tipo”.
Finalmente, ha recordado que el juez instructor archivó la querella un año y medio después de que fuera interpuesta y de que la Audiencia provincial ratificara posteriormente dicho archivo.
