Comienza la batalla judicial contra la imposición del valenciano en Secundaria y FP

La ofensiva judicial contra la imposición del valenciano en Secundaria y FP en la Comunidad Valenciana durante el próximo curso lectivo ha comenzado. Como ya anunció este diario, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística (PDLL) ha puesto a disposición de las familias a sus abogados.

Ahora ha iniciado una intensa campaña en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, para que cada familia pueda hacer recursos ante la decisión de implantación de los Planes Lingüísticos de Centro (PLC). Así difunden las instrucciones y documentación necesaria para ejercer el derecho al recurso.

Una de las movilizaciones contra la imposición del valenciano.

La PDLL en colaboración con las AMPAS, contratando los servicios jurídicos con el Despacho de Abogados Chapapría y Navarro, que elaborará y tramitará gratuitamente los recursos de los padres ante la Administración. Para esta gestión, la Plataforma y AMPAs Vega Baja han puesto en marcha sus recursos para colaborar "en facilitar a los padres su defensa ante el monstruoso atropello que sufren las familias castellanohablantes".

Los padres, con apoyo de la Diputación de Alicante, ganaron la batalla a la Generalitat en 2017. Antes de la elaboración de la Ley, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó el mismo plan desarrollado mediante un decreto. 

Masivo rechazo

Tratan de hacer valer sus derechos de forma individual y colectiva, sumando los recursos, después de que en zonas como la Vega Baja de Alicante más del 70% de la comunidad educativa votase en contra de esos PLC el pasado mes de marzo.

Los PLC debían haberse instaurado el presente curso, pero ante la pandemia se aplazaron. Desde la Conselleria de Educación que dirigen el nacionalista Vicent Marzà y el socialista Miquel Soler, no se ha tenido en cuenta la petición de los padres y profesores de volver a aplazar el cambio de modelo.

La Ley de Plurilingüismo establece que los centros públicos y concertados deben comenzar una inmersión lingüística con al menos el 25% de las asignaturas troncales en valenciano ya en el curso 2021-2022, en todas las etapas educativas y curso alcanzado Secundaria y FP. Un mínimo que irá aumentando cada cuatro años.

Insultos permitidos por la cadena pública autonómica À Punt en sus redes sociales.

Se han producido varias movilizaciones y manifestaciones en contra, incluso con insultos permitidos por el ente público A Punt en sus redes sociales contra los padres que rechazan el modelo. La última, el pasado mes 22 de mayo en varias ciudades de la Comunidad simultáneamente.

Otros frentes

Antes de la pandemia y a la implementación de este programa de inmersión en Secundaria y FP, 20.000 personas se manifestaron en Orihuela contra los que en su opinión es una política que vulnera la Constitución y al Estatuto de Autonomía. la Conselleria no cambió su hoja de ruta. 

Además de estos recursos, desde las asociaciones contrarias a la imposición lingüística está estudiando otras posibilidades para impedir la consumación del programa nacionalista en los centros educativos. Consideran que hay más vías legales para impedir "que se imponga a los niños el valenciano como lengua vehicular vulnerando todos los criterios pedagógicos y del sentido común y convertir a los hijos de familias castellanohablantes en ciudadanos de tercera categoría".