Padres y profesores de la Vega Baja de Alicante, agrupados en torno a las AMPAS y a la asociación Docentes por la Libertad Lingüística (DLL), han conseguido mediante crowdfunding los fondos necesarios para financiar cuatro recursos judiciales contra la imposición del valenciano en las aulas públicas de la comarca castellanohablante. Una zona que rechazó masivamente (más del 70%) su aplicación en la consulta en los centros.
Así, el bufete de Abogados Chapapría-Navarro y Asociados, realizó el pasado día 18 de noviembre el anuncio formal de la apertura de contencioso contra la Administración por la imposición de la Ley de Plurilingüismo "que vulnera los derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía".
Lo hará en cuatro casos representativos del más del millar de recursos presentados por los padres que fueron contestados con silencio administrativo por parte del departamento del conseller nacionalista Vicent Marzà. Los padres y profesores han acusado a la Conselleria de Educación de intentar "agotartes" para que "desistan de sus derechos" reconocidos en la Ley de Uso y el estatuto de Autonomía.
En un comunicado, los impulsores de la iniciativa contra Educación, señalan que "la omisión, que en la práctica cerraba la vía administrativa y dejaba a las familias solamente la alternativa a los tribunales de Justicia, resultaba doblemente mezquina".
Añaden que " empujaba a las familias a emprender la costosa vía judicial y, con ello, un Gobierno, que se presenta a sí mismo como progresista, limitaba la defensa de sus derechos a los padres con suficiente solvencia financiera para afrontar el coste de la defensa de sus derechos y privaba de los mismos a las familias de menos recursos económicos. El mensaje de Conselleria era claro, los derechos son para los ricos, y los que quieran ejercer los suyos que paguen".
Algunas respuestas
Desde la Plataforma afirman que "lo vergonzoso de su acción y el miedo a la repercusión de la misma, obligó a Conselleria a que, una semana después de nuestra pública denuncia, comenzaron a remitir a algunas de las familias, una circular, la misma para todos, donde se eludía responder al núcleo de los recursos presentados y por supuesto se desestimaban las solicitudes".
De ahí, que justifiquen estos nuevos recursos en los tribunales "porque no estábamos dispuestos a dejar abandonadas a miles de familias de la Comunidad Valenciana ni a permitir que los derechos de sus hijos fuesen pisoteados en nombre del nacionalismo supremacista que parece haber secuestrado la Educación de nuestra Comunidad".
La respuesta fue unánime. Así, pocos días después de comenzar la recaudación, los responsables anunciaron que se había alcanzando los objetivos establecidos y solicitaron repetidas veces que las donaciones cesasen porque se habían logrado la meta.
"Desde nuestras plataformas queremos agradecer a todos los que han contribuido y a aquellos a los que, pese a su voluntad, se han quedado sin participar. Ha sido un hermoso acto de generosidad que estamos convencidos va a servir de mucho", han finalizado.