La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana, dirigida por el nacionalista Vicent Marzà (Compromís), ya ha puesto fecha de caducidad a la exención del valenciano, como informó ayer este diario. Lo hará a través de una orden que impone la asignatura de valenciano en el examen de Selectividad a partir de 2026 a todos los alumnos de la Comunidad Valenciana, hayan sido reconocidos "exentos" o no.

Pero es que más allá de esta decisión que se apoya en la Ley de Plurilingüismo aprobada en 2018 que impone ya el 25% de asignaturas troncales en valenciano a castellanohablantes que pueden haber solicitado la exención de cursar la asignatura lingüística, están empezando a producirse otro tipo de presiones y amenazas verbales en los centros educativos de las comarcas castellanas, como la Vega Baja.

Desde hace meses circulan por la redes sociales de padres y profesores diferentes casos que empiezan a asemejarse a lo ocurrido en Cataluña o en Baleares desde hace años. No en vano, la Generalitat valenciana también subvenciona a la ONG "Plataforma per la llengua" que señala a los profesores que imparten sus clases en castellano.

La situación lingüística se está convirtiendo en un serio problema en algunas comarcas de la Comunidad Valenciana, como lo demuestra el hecho de los mensajes de odio que se registraron en la web de la televisión pública valenciana, À Punt, cuando se informó de una de las concentraciones contra la Ley de Plurilingüismo.

El Gobierno valenciano (PSOE-Compromís-Podemos) avaló la no retirada de insultos a los castellanohablantes como: "Ñordos", "castellanos desagradecidos", "fascistas", "colonialistas", "burros", "paletos", "analfabetos", "botiflers (traidores a la nación) mesetarios", "moniatos (ignorantes)", bárbaros, "fachas". 

Los mensajes

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística (DLL) ha recibido multitud de mensajes como este: "En el IES les dicen a los padres que no hay solicitud de exención y que no se puede pedir. Además, amenazan con repetir a los alumnos que tienen suspendido valenciano del año pasado y que suspenden este. ¿Qué se puede hacer?". El mensaje está ubicado en uno de los municipios de "predominio lingüístico castellano" reconocido por la Ley de Usos de 1983.

En otro, una madre pregunta a la tutora de sus hijos: "Me llega por mis hijas que algunos profesores les dicen que hablen en valenciano en el recreo. Me parece una grosería y una falta de respeto. No se me ocurriría jamás decirle a ellos qué tiene que hablar en su intimidad. estoy muy enfadada y espero que haya sido una anécdota y no una política de la nueva directiva".

La respuesta de la tutora no se hizo esperar: "No sé qué es lo que ha pasado exactamente. He hablado con compañeros de nivel y ninguno obligamos a nadie a hablar en el patio de una u otra forma. Una cosa es en cada una de las asignaturas en clase y otra en el recreo, donde cada uno tiene libertad de hablar como desee".

Otros padres preguntan por la obligación de los alumnos a asistir a clase de valenciano aún estando exentos. Ante los problemas organizativos en los espacios (patios y clases) se decidió hace años que los alumnos exentos permaneciesen en clase haciendo lo que deseasen mientras no molestasen al resto.

Esa circunstancia se fue transformando en una norma no escrita de que debían participar en la clase aunque tuviesen derecho a no presentarse al examen. Pero el asunto ha llegado a mayores. Al parecer, hay centros educativos en los que se les presiona para que hagan los exámenes aunque estén exentos.

Desde la DLL aseguran que incluso se producen amenazas verbales muy claras en las que tiene identificados a los profesores: "Si no te presentas te bajaremos la nota general". Por eso, son muchos los padres que les preguntan a los docentes de la DLL cuáles son sus derechos.

Y es que, aunque los niveles de solicitud de exención van en descenso, en el curso previo a las pruebas de acceso a la Universidad en las comarcas castellanohablantes se disparan las peticiones. Y es que examinarse de valenciano sin ser un idioma usado habitualmente, sitúa a estos alumnos en inferioridad de condiciones respecto al resto de los estudiantes de la Comunidad.