El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha dictaminado que las maniobras de la Conselleria de Educación que dirige el nacionalista Vicent Marzà para hacerse con el control del Consejo Social del CIPF Canastell de San Vicente del Raspeig fueron contrarias al derecho. Concretamente por destituir a tres profesores del este órgano.
Como ha venido informando EL ESPAÑOL a raíz del fracaso de la FP de Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo en Santa Pola, el grado fue quitado de San Vicente donde se impartió durante 12 años, dos en el centro y diez en el Club Náutico de El Campello.
Todo partió de la operación de la Conselleria de dar un golpe a la dirección del centro para "colocar" al frente a una directora afín al director Territorial de Educación en la provincia de Alicante, David Vento, señaló en su momento el ya exdirector del centro, Carlos Manuel Navas.
Según explicó Navas entonces, se trataba de un intento de control político del centro después de que la dirección anterior no se plegase a algunas de las directrices lingüísticas que desde la Conselleria de Marzà se querían imponer.
Este caso
Los tres profesores especialistas denunciaron que habían sido destituidos del Consejo Social en diciembre pese a que su contrato era hasta el 31 de junio- coincidiendo con la finalización del curso escolar-, sin tenerse en cuenta la "renovación automática a propuesta del director del Centro, previo informe favorable del departamento al que esté adscrito el profesor especialista y del Consejo Escolar del centro"
Por eso alegaron que esa decisión "era nula de pleno derecho por vulnerar las previsiones contenidas en el artículo 9 en relación con el Artículo 6.2 del Decreto 296/1997 de 2 de diciembre del Gobierno Valenciano, por el que se regula el régimen de contratación de profesores especialistas"
En segundo lugar, porque "alegaban la nulidad de pleno derecho, al no haber sido respetado el procedimiento legalmente establecido y vulnerar la normativa 1/2010 de 14 de abril reguladora de los Consejos Sociales de los Centros Integrados Públicos y Privados concertados de Formación Profesional en la Comunidad Valenciana.
Y en tercer lugar, argumentaban "la nulidad de pleno derecho de la Resolución impugnada, por vulnerar las previsiones contenidas en el artículo 23 de la Constitución Española".
El juzgado ha considerado contrario a derecho, "con el reconocimiento, como situación jurídica individualizada, del derecho de los recurrentes a no ser removidos por esta causa (por finalizar su contrato en fecha 30 de junio 2021) como miembros del CS del CIPFP Canastell manteniendo su derecho hasta la finalización de su mandato o bien hasta que se produzca la expiración de su contrato".
El Ayuntamiento de San Vicente (gobernado por PSOE) salió en defensa de la anterior dirección con la única excepción de los concejales nacionalista de Compromís.