En 1994 el estadio Rico Pérez fue adquirido por el Ayuntamiento de Alicante por 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros al cambio). En 2007, el Consistorio lo puso a la venta en pública subasta con un precio de salida de 7,8 millones de euros. El comprador tenía que hacerse cargo no sólo del mantenimiento, sino además de las reformas valoradas en 6 millones por los técnicos municipales.
Enrique Ortiz y otros empresarios pujaron a través de la empresa Aligestión pagando esos 7,8 millones y suscribiendo un aval de 4,2 millones para las reformas, que no debían superar los 4 meses. Durante el mandato del tripartito de izquierdas (2015-2018) el entonces concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, puso en duda que estas obras se hubiesen ejecutado ya que los informes presentados por Aligestión y las licencias municipales no se correspondían.
Previamente, en 2012 el sumario de Brugal destapó conversaciones comprometedoras de esa época. La entonces concejal de Urbanismo de Alicante y mano derecha del alcalde Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo, le comenta a Ortiz: “Y tenemos apañado también lo del Rico Pérez”. A lo que el empresario contesta: “Muy bien, pues eso quiero que me lo expliques”.
Enrique Ortiz y Sonia Castedo en el palco del Hércules.
La Policía estaba grabando un posible uso de información confidencial, en el caso de Ortiz, y revelación de secretos, en el caso de Castedo. Aparecían los principales proyectos de la ciudad pues se trataba del Plan General de Alicante (PGOU).
Intento de 'pelotazo'
En un primer momento, en 2008, Ortiz planteó un Plan de Reforma Interior (PRI) para remodelar el campo con una gran zona comercial de 30.000 metros cuadrados en la parcela de las instalaciones y 40.000 más en sus aledaños. Gracias esos beneficios podría pagar la reforma del estadio. Ese plan no salió adelante. El pequeño comercio de la ciudad se opuso. Toda esa zona se recalificaría como verde en el nuevo PGOU.
Recreación del proyecto comercial de Ortiz para el Rico Pérez.
Su única salida para rentabilizar la operación era que el nuevo PGOU le permitiese construir en otras zonas. Eran los tiempos en los que Ortiz financiaba de forma irregular campañas electorales del PP, como confesó más tarde en el caso Gürtel.
Por eso, más tarde propuso recalificar un terreno en la zona de Rabasa, donde se iba a implantar Ikea. Ante los retrasos, puso sus ojos en la zona de la Condomina para ejecutar su plan urbanístico. La propuesta pasaba por que el Ayuntamiento le cediese el suelo para ejecutar 80.000 metros cuadrados con viviendas y una ciudad deportiva. Con la operación se financiaría la reforma del estadio de fútbol. Tampoco salió bien.
Propuesta del PAI en la zona de Rabasa.
Las deudas
Entre tanto, las deudas se comían al club y a sus propietarios. Por eso, según figura en el sumario de Brugal, Ortiz hace uso de su amistad con Castedo para medie con el Instituto Valenciano de Finanzas en la concreción de un préstamo. La entonces concejal de Urbanismo tenía mucho peso en Valencia como la aliada más importante de Francisco Camps en un territorio dominado por sus adversarios internos, los ripollistas.
La gestión obtuvo frutos muy pronto. La Fundación Hércules recibió un aval de 18 millones por parte del IVF en mayo de 2010. Una vez con el dinero en sus manos, no se hizo frente a ninguna de las cuotas del préstamo, de 500.000 euros.
En 2011 el Hércules declaró el concurso de acreedores con una deuda acumulada de casi 60 millones de euros. Al Hércules, más bien a Aligestión (Ortiz), sólo le quedaba el campo como patrimonio.