La exministra Elvira Rodríguez (Madrid, 1949) ha sido reclamada este fin de semana por el PP de la provincia de Alicante para hablar de los sucesivos “cortes de grifo” del trasvase Tajo-Segura por parte del Ministerio de Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera. Entre otros, el último cambio en las reglas de explotación de la infraestructura que hará el Gobierno de Pedro Sánchez por decreto con la oposición de los agricultores de toda España y las provincias de Almería, Murcia y Alicante.
Precisamente la semana pasada el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSOE), se reunió con Ribera. Pero lejos de defender el trasvase con rotundidad se plegó al discurso de ir abriendo la posibilidad de cambiar caudales de agua trasvasada por agua de desaladoras, cuatro veces más cara para el regadío, lo que haría perder su competitividad frente a otros mercados. Hace un mes, Puig llegó incluso a calificar de “aquelarre” la reunión de su homólogos de Andalucía y Murcia para hacer fuerza en contra de la decisión gubernamental.
Ministra de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar (28 de febrero de 2003-18 de abril de 2004), Rodríguez es una economista que conoce bien las administraciones y los mercados. Ha sido presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, presidenta de la Asamblea de Madrid y presidenta de la sociedad estatal Tragsa.
Defensa del trasvase
La dirigente popular no oculta su posición. “He venido a defender el principio del ‘agua para todos’, a recordar que hay determinadas zonas que necesitan el agua, que le dan mucho valor añadido y que un statu quo que estaba funcionando pacíficamente no tiene porqué cambiarse.
También, desembarca en Alicante para recordar que “usar bien el agua genera riqueza y empleo, especialmente en el Levante español. Y que tomar decisiones como las que parece quieren tomar en este momento desde el Ministerio, con muchos informes técnicos en contra, no tiene mucho sentido”.
Se trata, en su opinión, de algo más que la defensa de la llegada de unos caudales a una determinada zona. La defensa del trasvase es la defensa de un modelo de país. “El trasvase Tajo-Segura, es una obra de infraestructura que lleva agua. Pero no solamente eso, tiene detrás un entramado jurídico, de equilibrio entre territorios muy interesante. Los regantes que reciben agua pagan generando fondos para otra parte de España, para que se hagan infraestructuras en la cabecera. Es algo que estaba pacífico y no debería de tocarse. Porque se toca sin dar ninguna alternativa, sin que haya necesidad”.
Y frente a las acusaciones de la izquierda, y concretamente de Puig que acusa al PP de alentar una “guerra ideológica”, hace memoria de lo sucedido hace 16 años en el Ministerio. “En aquella época tuvimos mucho debate pero también mucho trabajo y mucho consenso del que salió un Plan Hidrológico Nacional (PHN).
“Se lanzó el trasvase del Ebro, que no olvidemos que iba hacia Barcelona y hacia el sur, llegando a Almería, que daba tranquilidad a toda la zona de Levante, una infraestructura que hacía de todas la cuencas “suficientes”, incluso las que no lo podían ser, como el Júcar y el Segura”. “A partir del Gobierno del presidente Zapatero es cuando el agua se llenó de ideología. Eso no debería ser así porque es un recurso natural cuyo buen estado son un indicador de nuestra salud medioambiental, pero también genera riqueza y empleo”.
Frente a esa “ideologización, el PP defiende “que se dejen las cosas como están y que se utilicen los fondos europeos del Plan de Reconstrucción para hacer un potente programa de modernización de regadíos en toda España como el que dejó hecho antes de salir del ministerio la ministra Tejerina. Además, infraestructuras que por necesidades presupuestarias desde el último Gobierno de Aznar no se ha hecho ninguna en nuestras cuencas. Y luego volver a retomar la idea de un Plan Nacional del Agua con consenso que aleje el agua del debate político”.
Las amenazas
Rodríguez es consciente de la oposición al trasvase por parte de los municipios de la cabecera. Pero lejos de culpar al trasvase, carga las tintas contra el Gobierno de esa comunidad autónoma.
“Entrepeñas y Buendía tienen los pantanos a su lado y no se les han hecho las infraestructuras prometidas. Lo que tenían que haber hecho. Y la reclamación que se hace al Gobierno de Castilla-La Mancha es qué ha hecho con esos 400 millones de euros que han pagado de acuerdo con el convenio, los regantes del trasvase.
Respecto del aumento de los caudales ecológicos considera que “hay que hacer un equilibrio entre lo que es bueno para que el río lleve el agua que necesita, que el río no se muera, y que se pueda utilizar su agua. Hay quien opina que los ríos no se deben utilizar”.
“Yo recuerdo que era un debate con algunas asociaciones y les decía: si queréis, volamos las infraestructuras, y volvemos a una época en la que no podíamos soportar las avenidas. El agua es un recurso natural pero también genera riqueza y se viene utilizando desde la noche de los tiempos", explica.
"El elevar y elevar los caudales ecológicos, da la sensación de que algunas veces no se elevan porque el río lo necesite, sobre todo cuando tenemos los informes que estamos viendo del comité técnico del trasvase, sino que se elevan los caudales ecológicos para que el río no se pueda usar", señala la ex ministra.
Para la economista la cuestión es que al Ministerio y a la ministra Ribera “no les gusta el agua, ni gestionarla”. “Somos un país que tiene agua suficiente, solo que mal repartida en el tiempo y en el espacio. El agua es un factor territorial, pero también de cohesión y de salud medioambiental. Y si conviertes el Levante en un desierto antes de tiempo, flaco favor. Dicen, 'es que el cambio climático va a convertirlo en un desierto'o. Pues hombre, para eso está la tecnología, y la innovación, pero si tú de entrada le cortas el grifo antes de tiempo”.
Finalmente, sobre el lobby ecologista de Nueva Cultura del Agua que entró en el ministerio en tiempos de Narbona, alerta. “Lo que dice Nueva Cultura del Agua no es lo que quiere Europa. Yo le di la cartera a Cristina Narbona, y yo sabía lo que estaba diciendo Europa. Y Europa no cambió de posición de la noche a la mañana. Otra cosa es que lo interpreten como quieran”.
“Debemos pensar dónde está el señor Arrojo ahora, que era gran gurú que tenía detrás Nueva Cultura del Agua. Está premiado en la ONU con un comisionado del Reino de España. Aquí hay quien hace de eso business cuando achaca a la otra parte que está haciendo negocio del agua. También Nueva Cultura del Agua. Habría que analizar y ver cuál de los dos negocios es legítimo y cuál no, el que es transparente, el que es producción, el que va por el mundo porque la huerta de aquí es “Marca España” al 100%, y quien no”.
Y respecto a la propuesta “ecologista” de sustituir trasvases por desaladoras señala: “No es una respuesta adecuada porque consume muchísima electricidad e impide cumplir con nuestros objetivos de descarbonización de la economía”.
E insiste en que a la ministra no le gusta gestionar el agua: “Cuando alguien está en un puesto en el Gobierno de Transformación no sólo tiene que tener en cuenta cosas, tiene que tenerlo en cuenta todo. Pero cuando es además ministra de Energía. Si tienes una visión muy parcial, el resultado al que vas a llegar no va a ser bueno. Más aún si no tienes en cuenta los dictámenes técnicos”.
¿Cuando la ministra y el presidente de la Comunidad dicen que “lo inteligente” es lo que proponen ellos, qué deben pensar los regantes de Alicante, que no son inteligentes? Rodríguez es tajante: “la izquierda no admite el debate, lo vemos en este campo y en otros. Si no estás de acuerdo conmigo eres un antipatriota. Entienden el consenso como sinónimo de adhesión, y la adhesión no es consenso. Y el presidente de la Comunidad debería defender su territorio y a su agricultura. Y parece que no pelea, vamos a ser suaves, lo suficiente, por lo menos”.