El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de la Comunidad Valenciana se ha dirigido a todo el personal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en un extenso documento de siete páginas para "repasar" cómo están los principales procesos de personal del consistorio, siendo muy crítico con el área de Recursos Humanos que dirige el cuestionado alcalde Jesús Villar -junto con la concejalía de Urbanismo- desde hace algo menos de un año. 

El escrito comienza denunciando que en el Plan Anual de Contratación de 2021 se programó para el tercer trimestre de ese año el inicio de los trámites para la licitación del contrato para una nueva Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). ¿Qué ha pasado? Que "no se ha cumplido".

"Para colmo, hace poco se ha aprobado el Plan Anual de Contratación 2022 y en vez de programar el contrato para inicios de este año, ¡lo han vuelto a dejar otra vez para el tercer trimestre! Tantos años con la misma canción y tantas veces el mismo resultado", dicen en el comunicado.

Así es como define la Ley 4/2021 de función pública valenciana, en su art. 47.1, la RPT: “La relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del cual las administraciones públicas, los organismos públicos, los consorcios y las universidades públicas, organizan, racionalizan y ordenan su personal para una eficaz prestación del servicio público”. 

"¿Debemos concluir que la prestación eficaz de un servicio público no es una prioridad?", se pregunta el sindicato.

Con respecto a la implantación de la carrera profesional, recuerdan que en 2019 "tuvieron la genial idea de crear una partida presupuestaria para la carrera administrativa por la cantidad de ¡1 euro!", sostiene. "Algo es algo", afirman con ironía". "Era un comienzo, muy escaso, pero comienzo al fin y al cabo. Lamentablemente, desapareció del presupuesto de 2021, y en 2022 más de lo mismo".

Añaden que desde el 1 de enero de 2015 están esperando a que se aplique el complemento de carrera administrativa del convenio colectivo. "¡Más de 7 años! "Esperemos que la sentencia del contencioso-administrativo, próxima a resolverse, haga justicia en esta casa".

A este respecto, recuerdan que la corporación de San Vicente "se va a gastar 7.500 euros más IVA, es decir, algo más de 9.000 euros", en la contratación de un abogado externo para la defensa, "suponemos que entre otros, del contencioso-administrativo".

Es decir, "van a gastarse una cantidad de dinero más que suficiente para iniciar la aplicación del complemento de carrera administrativa con el fin de ¡evitar que el personal de esta casa, al que tanto elogian, pueda tener dicho complemento! Ver para creer".

Convocatorias de plazas 

De 95 plazas que se han publicado en las ofertas de empleo público desde al año 2016, "solo ha finalizado una de ellas, la de comisario". Pero es que de esas 95, sólo se han publicado las bases de convocatoria en 29 de ellas; "y para colmo, y a pesar de haberlo avisado, se han perdido dos plazas por promoción interna, una de Auxiliar de Servicios y otra de Auxiliar Administrativo, de la oferta del 2017".

Según dicen desde el consistorio, debía haberse publicado la convocatoria, no las bases, antes del 31 de diciembre, aunque según también el Ayuntamiento, de la promoción interna de Técnico de Gestión de la oferta de 2016, que aún se encuentra en proceso se publicaron las bases de la convocatoria una semana antes de que esta caducara, en abril de 2019, "pero no se ha publicado la convocatoria". 

"Y encima la corporación publica en prensa asegura que 'no se disminuye el número de personal, que no las ocupaba nadie y que los ciudadanos no van a sentirse perjudicados".

Al final, acaba produciéndose "una decepción y hartazgo" entre las compañeras y compañeros "con ganas y talento para promocionar". Es, pues "una oportunidad perdida" ya que en los últimos 20 años sólo ha habido dos procesos de promoción interna a auxiliar administrativo (4 plazas en total).

Convenio caduco

Este sindicato ha venido denunciado la caducidad del convenio (que se produjo en diciembre de 2019) y pidió la elaboración de un nuevo convenio. A principios del año pasado se iniciaron los trámites para la nueva elaboración, ya que es obligación del Ayuntamiento, pero se ha paralizado todo el proceso, aseguran.

También debería haberse aprobado antes del 31 de diciembre del año pasado el calendario laboral, aunque el año pasado también se retrasó y acabó aprobándose en mayo. "Este año ya veremos, los récords están para batirlos", explican.