Otra manifestación a favor del trasvase Tajo-Segura: ¿por qué no se oye la voz de Alicante en Madrid?

El presidente de la comunidad castellano-manchega, el socialista Emiliano García-Page, ha entendido perfectamente la importancia que tiene defender de forma activa las reclamaciones de sus ciudadanos. Por eso, el miércoles escenificó una victoria histórica en el nuevo hachazo al trasvase Tajo-Segura en los pantanos de cabecera del río (Sacedón).

Entre tanto, al presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ni está ni se le espera en esta batalla. Sus tímidos anuncios de recursos administrativos y judiciales y el modo en que se muestra sumiso ante la ministra que está acabando con el trasvase, Teresa Ribera, no ofrece ninguna esperanza al regadío alicantino. 

El próximo martes 17, Asaja, Riegos del Levante, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y el Sindicato Central de Regantes del Trasvase, han convocado ante la subdelegación del Gobierno de Pedro Sánchez en Alicante, una nueva concentración de protesta por el nuevo hachazo a la trasferencia, quizás el definitivo. La enésima. Pero la voz de la provincia no se oye en Madrid desde 2005. ¿Por qué?

Anuncio de la concentración en defensa del trasvase.

Fue hace 17 años cuando Zapatero puso al frente del Ministerio de Medio Ambiente a la profesora Cristina Narbona que se propuso como primera tarea acabar con el proyecto nacional de interconexión de cuencas de José María Aznar, el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Para ello, introdujo como principal lobby de su ministerio a la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), que a partir de entonces impusieron sus criterios antitrasvasistas.

El alma mater de este lobby era y es otro profesor universitario, Pedro Arrojo, que ha terminado en Podemos, pero que sigue reivindicando la figura de Narbona como la mejor ministra del ramo. Y la actual ministra, que comenzó su carrera política como directora de la Oficina Española de Cambio Climático de Narbona, se ha empeñado en ejecutar al pie de la letra los postulados de ambos.

El acto de presentación de los planes de cuenca hace ahora un año dejó constancia de la línea a seguir. Almería, Murcia y Alicante deben dejar de ser la "huerta de Europa" para volver al secano. Para el PSOE no hay marcha atrás.

Lo más curioso del asunto es que con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 2011 los miembros de la FNCA siguieron haciéndose fuertes en el ministerio. Lejos de volver al PHN de Aznar, el presidente del Gobierno popular se vio obligado a elegir entre sus principios ideológicos y la estrategia a corto plazo, que pasaba por reforzar a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, donde era presidenta autonómica. 

De hecho, el PP con un poder sin precedentes, volvió a asestar un nuevo golpe contra el trasvase que intentó vestir como una apuesta por la agricultura levantina: el "memorándum" firmado por los cinco presidentes autonómicos.

El acuerdo establecía unas nuevas reglas de explotación aumentando los caudales en los embalses. Pero el Gobierno central se reservaba el derecho a trasvasar o no agua independientemente de los criterios técnicos que se elevan al ministerio cada mes.  Flaco favor al trasvase y una derrota a la que se sumó la derrota de Cospedal poco después.

Desde entonces no han dejado de sucederse las protestas y manifestaciones. Pero sin mayor trascendencia. Ya se ha instalado en resto de España la idea de que cada territorio debe ser autosuficiente y de que si el Arco mediterráneo quiere agua, debe sacarla del mar.

La tendencia a la que se ha sumado el PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana es sustituir el trasvase por la desalación. Prometiendo plantas fotovoltaicas para reducir el coste del agua que en la actual se multiplica por cuatro. Lo que ocurre es que mientras se recorta el agua del Tajo mes a mes, esas plantas se quedan en promesas y no se da un paso para construirlas. 

La actual polarización política y el poder de los nacionalistas y regionalistas en el escenario político nacional determina la inexistencia de políticas de carácter nacional. Y las consecuencias a medio y largo plazo serán una pérdida de competitividad del sector agroalimentario de tres comunidades autónomas. Pero también lo serán para el resto de España: "En la próxima pandemia comeremos tierra", rezaba el apocalíptico cartel del Scrats en el centro de Madrid.