En los últimos diez años han dejado de funcionar en la Comunidad Valenciana 2.569 sucursales bancarias, lo que la sitúa como la cuarta autonomía con más oficinas cerradas. Eso implica que en cada una de ellas tienen que atender a más clientes. Y ahí Alicante es la quinta provincia en la que más ha aumentado este ratio, según datos del Banco de España.
El cierre de oficinas ha hecho que cada sucursal atienda a una población creciente, como recoge Efe. En 1981 España contaba con 27.698 oficinas bancarias que atendían a una media de 1.363 personas cada una. Cuarenta años después solo quedan 19.104 daban servicio y tienen que atender a una media de 2.477 clientes, un 81,70 % más.
Esa subida ha sido mayor en esos 40 años en las cuatro provincias catalanas, un 292 % en Tarragona, un 278 % en Girona, un 168 % en Lleida y un 166 % en Barcelona. En esa quinta posición se sitúa Alicante (138 %), seguida por Álava (127 %), Baleares (120 %), Palencia (116 %), Castellón (111 %) y Guadalajara (109 %). Mientras en Las Palmas hay una sucursal bancaria por cada 3.670 habitantes, en Teruel hay una oficina por cada 828 vecinos.
La reducción del número de oficinas bancarias en España afecta en mayor medida al arco mediterráneo y Madrid, como recoge Efe de este informe. Así, señala que este fenómeno no es exclusivo de las áreas más despobladas, aunque en ellas supone un grave problema de "exclusión financiera" para muchos ciudadanos. Como remarca este proceso es generalizado y se ha extendido por Europa.
El declive en una década
Los datos del Banco de España revelan que en los últimos 10 años han cerrado en España prácticamente 21.000 oficinas. Si en diciembre de 2011 había 40.103, estas se redujeron a 19.104 a finales de 2021. Y la concentración de estas pérdidas está en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, que copan el 60 % de esta bajada.
La Comunidad Valenciana ha visto como han dejado de funcionar 2.569 sucursales en la última década. La comparación porcentual refleja la magnitud de la tragedia. Castellón y Valencia son la cuarta y quinta que más han perdido, con un 60,8 % y un 59,8 %, respectivamente. Las tres primeras posiciones en esa tabla corresponden a Cataluña: Tarragona que pierde el 67,8 %, Barcelona y Girona. Alicante se queda en la undécima posición con un 56 % menos.
Este fenómeno, multiplicado con las fusiones de los últimos años, se inició en la última década del siglo pasado en provincias poco pobladas del interior peninsular. En los primeros 10 años de este siglo se intensificaron los cierres en estas mismas provincias y se extendieron a toda Cataluña, toda Galicia y casi toda Castilla y León, entre otros territorios, aunque en el conjunto del país aún se abrieron un 2,8 % más de oficinas y el pico máximo se registró en septiembre de 2008, con 46.118.
Ni banco ni cajero
De forma paralela a la reducción de oficinas bancarias se ha producido también la de cajeros, como se puso de manifiesto esta semana durante el debate y aprobación en el Senado de la toma en consideración de una proposición de ley que pretende revertir el cierre "constante y persistente" de establecimientos de entidades de crédito.
Según quedó de manifiesto en ese debate, el número de cajeros automáticos disminuyó en toda España entre 2008 y 2017 en un 17,6 % -de 61.714 a 50.839-. Esta se produjo en una tendencia "fuertemente territorializada y que se mantiene constante en zonas rurales o de poca renta per cápita".
Cuenca era la provincia con mayor número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes (2,4) y Cádiz la que tenía menos, solo 1,1 por cada 1.000 habitantes, aunque distribuidos geográficamente de forma relativamente más homogénea.
En esa fecha, en todo el país, 4.115 municipios, más de la mitad del total carecían por completo de oficinas bancarias o cajeros automáticos. Y según estos cálculos eso excluye de su fácil uso a 1.187.851 personas, el 2,5 % del total.
Y se agravará
Las perspectivas que recoge este informe no son optimistas. Si bien esta situación afecta en mayor medida a las provincias más despobladas, también muy cerca de las grandes ciudades ocurre, como Madrid y Barcelona. Únicamente en las provincias de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife todas las ciudades y pueblos tienen al menos una sucursal bancaria o un cajero automático.
En ese informe, el Banco de España situaba en aproximadamente 1.300.000 personas -cifra que mantiene en otro análisis hecho público este mes- las que se encuentran en una situación que puede considerarse "vulnerable" en este sentido. Así, concluía que "la infraestructura tradicional de acceso al efectivo en España es amplia y tiene una cobertura generalizada, si bien su distribución geográfica es heterogénea en lo regional".
El Banco de España estima que "es previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continúe en los próximos años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito".
¿Y qué solución ven? Ahí apuestan por "alternativas a los canales tradicionales" como "un importante complemento que permita garantizar el acceso al efectivo al conjunto de la población, aunque, por sus limitaciones actuales, no puedan sustituir completamente el abanico de servicios que prestan dichos canales".