Las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, de la que se acaban de cumplir seis meses, acabarán influyendo en los diferentes procesos electorales que se esperan para el superaño electoral de 2023. Primero en mayo con las municipales y autonómicas, salvo adelanto de Ximo Puig, y después en noviembre tendrán lugar las generales, si es que Pedro Sánchez no las convoca también antes. 

Esta es una máxima que manejan todos los gabinetes políticos, sobre todo ante la enorme incertidumbre energética a la que se enfrenta Europa este invierno. Pero antes, en estos meses de verano, las diferentes administraciones se están rearmando con diferentes medidas y propuestas contra la subida de precio de luz y la inflación, conscientes de que podría suponerles un rédito electoral clave, sobre todo las que son de signo contrario al Gobierno, ya que abundaría en el relato de confrontación de gestiones.

Benidorm es el último caso. La ciudad sorprendía este miércoles con el anuncio de un programa de ayudas de hasta mil euros para pymes y autónomos gracias a una subvención de la Diputación de Alicante de 292.491 euros.

El consistorio del PP, cuya concejala de Empleo y Desarrollo Local, Mónica Gómez, llegó a decir ayer que "probablemente somos el Ayuntamiento de España que más recursos ha movilizado para atender a empresas, autónomos y familias", había entregado anteriormente una prestación de 150 euros a familias y otra a mayores de 65 años para sufragar los gastos de la factura de la luz.

Y como este consistorio otros de la provincia, de todos los colores, están actuando en consecuencia conscientes, con ayudas económicas o bonos de descuento en compras -también sufragados por la Diputación-, inusuales antes de la pandemia, sabedores de que son las medidas que actúan de manera más directa entre sus ciudadanos. 

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"Medidas insuficientes" 

Pero el escenario es cambiante y las diferentes medidas locales, provinciales o nacionales para paliar los efectos de la escalada constante del precio de la luz y de la inflación no parece que estén surtiendo efecto. 

O no al menos en Elche, según la Asociación Independiente de Hostelería de Elche, que este miércoles denunciaba que "en muchas ocasiones" están viendo como las tarifas de luz que pagaban hace un año por el mismo consumo energético "se están multiplicando hasta por tres".

En esta localidad, el bipartito de PSPV-PSOE y Compromís anunciaba a principios de verano que iban a inyectar un millón de euros en autónomos y pymes locales para que obtuvieran "hasta 500 euros que justifiquen facturas de la luz o del gas en los locales en los que prestan su actividad empresarial".

Esta medida, así como las impuestas por el Gobierno para el ahorro energético, "no están teniendo un impacto significativo en el ahorro en la factura energética, aunque si está generando algunos inconvenientes en las relaciones con los clientes por la temperatura de los establecimientos. Además, el decreto de Ahorro Energético obligará a muchos negocios a gastar dinero en las obras de instalación de puertas automáticas", denuncian.

En un verano en el que los ilicitanos acaban de dejar atrás sus fiestas patronales, las que más días de celebración ha tenido en su historia, favoreciendo así la actividad comercial, los hosteleros de Elche aseguran ahora que no pueden más. "Aunque los hosteleros están haciendo un esfuerzo constante por no trasladar estos sobrecostes a los precios, el impacto de la energía sumado a un IPC desbocado por encima del 10%, hace inevitable un incremento de los precios (sin que esto suponga una mejora de los márgenes), que va a tener consecuencias en la presencia de consumidores en los establecimientos", sostenían en un comunicado.

Por todo ello, reclamaban al Estado "medidas urgentes que reduzcan, de manera drástica la tarifa energética" a los locales. "Los empresarios del sector son conscientes del difícil escenario energético internacional provocado por la invasión de Ucrania, pero consideran que, si no se afronta esta situación de forma inmediata y se mantiene esta presión sobre los servicios de hostelería, se producirán numerosos cierres de locales y un impacto muy negativo sobre el turismo", avisan.

Facpyme también pide 'auxilio'

El grito de auxilio también ha llegado este miércoles de la Federación de Comercio y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme), cuyo presidente Carlos Baño, ha denunciado que los costes energéticos que tienen que asumir los comercios "están ahogando al sector en un momento especialmente delicado por el incremento general" de los precios de "suministros y materias primas" y el "descenso del consumo". 

Por ello, ha insisitido en reclamar al Gobierno y a la Generalitat la aplicación de "medidas compensatorias, como están recibiendo otros sectores", para ayudar a una actividad "clave para la economía provincial y nacional, y que no puede más ante el aumento desmesurado de los gastos fijos a los que tiene que hacer frente".

Baño, quien ha recordado que Facpyme propuso hace unos meses al Gobierno la creación de un ‘bono eléctrico del comercio’, similar al bono social eléctrico que se aplica a los consumidores vulnerables, ha recordado que desde Facpyme están inmersos en la campaña para fomentar el consumo mediante los bonos comercio.

De esta manera, ya lo han podido implantar en 29 municipios de la provincia de Alicante, en colaboración con la Diputación de Alicante, "pero necesitamos más ayuda de las administraciones para reducir la carga que están soportando los negocios, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos", ha subrayado.

Tope de gas

En este sentido, el también presidente de la Cámara de Comercio de Alicante se ha referido "al tope del gas anunciado por el Gobierno" y ha opinado que se trata de una medida "más cosmética que efectiva porque el gasto en suministro energético sigue al alza y no está repercutiendo en una mejora de la situación económica de pymes y autónomos"

Según fuentes de esta federación, "el tope al gas está generando incrementos medios de la factura de 30 euros, en incluso puede llegar a suponer para algunos comerciantes una subida de hasta el 30% de la factura energética de sus negocios, que se suma a aumentos superiores al 50% en el coste de la electricidad que se habían producido en la primera mitad del año".

"Nuestro sector, y otros como la hostelería, somos de los mayores perjudicados por el precio al que pagamos la electricidad. Desde enero hemos estado soportando incrementos de la factura eléctrica que alcanzan el 50 % y en algunos casos superan el 60 %", ha expuesto Baño.

"La luz no termina de bajar pero nosotros hoy seguimos levantando la persiana, iluminando nuestras tiendas, poniendo el aire acondicionado para que nuestros locales sean confortables, y eso supone que se llega a pagar por la luz por encima de 500 euros más que hace un año. Y seguimos pagando los mismos impuestos", ha indicado. "Necesitamos ayudas y no nos cansaremos de decirlo", ha concluido. La pelota, de nuevo, está en la administración pública.