El campo alicantino, en contra de la cultura de la subvención del agua que le hace 'dependiente político'

Las subvenciones al agua desalada prometidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat Valenciana que dirigen los socialistas Teresa Ribera y Ximo Puig, respectivamente, chocan con los regantes de Alicante, Murcia y Almería que hasta ahora, con el trasvase, generaban una actividad económica rentable por sí misma.

Y es que en medio del proceso para restar 105 hectómetros cúbicos al trasvase Tajo-Segura mediante el aumento de los caudales ecológicos por Aranjuez que se acordó en el Consejo Nacional del Agua y se ratificó en Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado, Ribera prometió subvencionar al agua desalada de los 1,03 euros actuales a los 0,34 céntimos.

Además, los expertos recuerdan que la Directiva Marco del Agua de la UE exige la recuperación de costes en las políticas hídricas de forma íntegra y sólo permite subvenciones en casos excepcionales como una sequía.

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La Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante ya han sufrido las consecuencias de dar ayudas públicas contra las políticas de la Competencia en la UE. Sin ir más lejos, se prohibió durante más de una década el uso de unos costosísimos estudios cinematográficos como Ciudad de la Luz precisamente por las ayudas públicas recibidas. 

Las subvenciones

Ribera lo hacía después de que Acuamed, ente público estatal dependiente de su Ministerio que el pasado mes de diciembre envió una carta a los regantes fijando el precio del agua desalada en 1,03 euros el metro cúbico en su salida de las instalaciones que aumenta hasta los 1,30 euros para cada agricultor cuando llega a los bancales.

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Esta misma semana, también el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha sumado a la cultura de la subvención prometiendo otros 10 céntimos a costa del erario público valenciano. Con los cual, cada metro cúbico sobre el papel costaría en 0,23 céntimos mientras que el agua trasvasada tiene un coste actual de 0,18 céntimos.

Asaja Alicante ya ha manifestado que "no se puede establecer una seguridad mínima para la agricultura con el dinero prestado del agua desalinizada que la ministra Ribera impone en su hoja de ruta". O lo que es lo mismo, que está en contra de la cultura de la subvención que intentan imponer por vía de los hechos consumados los Gobiernos socialistas nacional y autonómico.

"El nuevo PER" para el Levante español, manifestaba esta misma semana un reconocido representante agrario alicantino. O en palabras de Asaja, suprimir una infraestructura histórica que sí nos ha funcionado, como es el trasvase Tajo-Segura, nos resta independencia y competitividad”.

El presidente de la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante y coordinador de Relaciones Institucionales del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, va más allá. En declaraciones a EL ESPAÑOL asegura que es "un nuevo engaño perpetrado mientras se cometía el desmán de restar agua al trasvase en el Consejo Nacional del Agua".

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"Convertir una economía autosuficiente en una actividad subvencionada políticamente, que te da el dinero cuando quiere y te lo quita de igual modo, es una aberración", asegura Melgarejo, quien recuerda que la competitividad del sector en el Levante incluso está al margen de las políticas europeas del PAC.

Más aún, cuando la agricultura del trasvase es la única que recupera íntegramente los costes de amortización de infraestructuras y los costes variables de funcionamiento y además es rentable económicamente. Algo que ni siquiera recuperan las desalinizadoras gubernamentales.

"¿Alguien ha visto el acta de las decisiones y acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional del Agua? Nadie, porque pese a que es una barbaridad, no se levantó acta de una reunión tan importante. Por eso es difícil luchar contra estas arbitrariedades y mentiras del Gobierno que pretenden convertirnos a todos en borregos esperando la subvención", resume el experto alicantino.