Diputación de Alicante reclama la suspensión cautelar del caudal ecológico del Tajo en su recurso al Supremo

La guerra del agua pasará este martes por el Tribunal Supremo. La Diputación de Alicante anuncia que es el día en que presentará el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno central por el que se aprueba el Plan del Tajo. En él, adelanta, pedirán la suspensión del aumento del caudal ecológico ya en su primer incremento a 7 metros cúbicos por segundo.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha informado este lunes de la presentación de este escrito de interposición ante el alto tribunal en el que la Diputación. Y ahí ha subrayado la diferencia frente al recurso de la Generalitat que sí acepta esta primera subida. En este, como señala, se "defiende que, desde el primer momento, la decisión arbitraria del Gobierno de subir un metro cúbico el caudal ecológico está generando ya un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico para nuestro territorio".

El comunicado de la institución provincial recoge que el recurso de la Diputación se acompaña de diferentes informes técnicos y académicos. Estos trabajos realizados por expertos describen las consecuencias que la nueva planificación del Tajo tendrá sobre la cuenca del Segura. De hecho, alertan de que esta primera elevación de un metro cúbico por segundo – de 6 a 7 m3/s- produce una merma de 28 hm3 de agua disponibles.

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"Este primer hachazo al trasvase Tajo-Segura supone, solo en la provincia de Alicante, una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros, unido a la destrucción de más de 2.400 puestos de trabajo en todos los sectores", ha alertado Mazón. Y entre esos peligros incluye la destrucción de suelos, el avance de la desertificación y la disminución de caudales circulantes en el río Segura que la medida va a acarrear.

Los peligros del recorte

Los Servicios Jurídicos provinciales argumentan también en su solicitud de medida cautelar la falta de justificación técnica que avale la decisión de aumentar los caudales. Así, alegan que no se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica que pruebe que el incremento de un metro cúbico por segundo en el tramo de Bolarque hasta la confluencia con el Jarama, ni los siguientes incrementos, vayan a suponer un cambio significativo y una mejora sobre la calidad del agua o el estado ecológico de la cuenca cedente. En cambio, como recalca Mazón, "los perjuicios en la cuenca del Segura serán extremadamente graves".

¿Qué es lo que ve además? Una de las consecuencias perniciosas que señala es el coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalada. Eso se traduciría en un aumento de las tarifas del agua, no solo para riego, sino también para el abastecimiento urbano.

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Al mismo tiempo, se pone sobre la mesa que los daños ocasionados por el recorte del trasvase Tajo-Segura no podrán compensarse con subvenciones. En esa línea, la alternativa del Gobierno de aumentar las infraestructuras y la capacidad de las desaladoras implicará una tramitación administrativa que se alargará incluso años.

La crítica a Puig

Si hasta ahí el comunicado se centra en la acción del Gobierno, el comunicado también se dirige a la Generalitat. Y ahí Carlos Mazón lamenta el rechazo del presidente Ximo Puig a la oferta de la Diputación de coordinar la defensa jurídica del trasvase, como sí se ha hecho desde la institución provincial con Murcia y con Almería. Eso cree que "puede condicionar negativamente" la decisión de Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar, ya que la Generalitat avala con su recurso la primera subida del caudal y solo solicita la suspensión para un incremento que debe entrar en vigor en 2026.

Al respecto, ha insistido en que "no tiene ningún sentido solicitar la suspensión cautelar de algo que tiene que pasar dentro de tres años como está haciendo la Generalitat. Y no tiene tampoco ningún sentido que en su recurso se avale el aumento del caudal ecológico a 7 metros cúbicos cuando hay informes que demuestran que los daños son irreparables ya con esta primera subida, como está ocurriendo".

"Esto supone una rendición a plazos de Puig, un engaño más en ese teatrillo que ha montado con sus compañeros del PSOE que nos puede llevar, desgraciadamente, a una resolución por parte del Tribunal Supremo contraria a los intereses de la provincia de Alicante. Ello sería imperdonable", ha manifestado el presidente de la Diputación.

Desunidos ante el Supremo

Mazón ha insistido en que "recibir por parte del Tribunal Supremo de una misma comunidad autónoma, que se supone que defiende la misma tierra y a la misma gente, una solicitud por parte de la Diputación que sí que está en contra del primer hachazo y otra de la Generalitat claudicando ante ello, puede generar una controversia y un lío de interpretación jurídica de primera para el alto tribunal".

El director del Instituto del Agua de la UA Andrés Molina ha coincidido en que la estrategia jurídica de la administración autonómica puede afectar de manera negativa la resolución "porque en la práctica procesal, una vez se resuelve una cautelar en un sentido desestimatorio, es muy difícil que el tribunal en los recursos sucesivos estime la suspensión".

Molina ha añadido que "al haber enfocado la Generalitat de manera parcial la cautelar y además, por la información que tenemos, no de una forma suficientemente fundada en dictámenes e informes técnicos, eso pueda prejuzgar, sí se desestimara, al resto de medidas cautelares solicitada por otros demandantes".

Finalmente, el presidente de la Diputación ha vuelto a criticar el "engaño y la mentira constante" de Puig en la defensa del trasvase "fruto de la rendición y el entreguismo más absoluto a Pedro Sánchez", al que también se ha sumado, ha apuntado, la consellera de Agricultura de Compromís.