En una legislatura marcada por los conflictos del trasvase Tajo-Segura que han detraído muchos caudales para el sur de la provincia de Alicante, la Dirección General del Agua de dependiente de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, se ha centrado en lograr recursos para los agricultores del resto de la provincia a través del trasvase intracomunitario del Júcar-Vinalopó. Una transferencia con problemas propios desde 2005 en que se cambió la toma de agua desde la cabecera del río (Cortes de Pallàs) a su desembocadura (Azud de la Marquesa, en Cullera).
Han sido ocho años de gobiernos de PSPV-PSOE-Compromís-Podemos marcados por los litigios con parte de los agricultores usuarios del trasvase. Así, de los 5 hectómetros cúbicos (hm3) iniciales, ahora mismo se están trasvasando alrededor de 20 (hm3) hacia las comarcas del Vinalopó. Pero el objetivo es llegar a los 50 hm3 cuando finalicen las obras proyectadas.
"Cuando llegamos no había ningún proyecto en marcha y comenzamos con los problemas judiciales por el control de las conducciones ya que la anterior directiva de los usuarios quería gestionarlas aunque son dominio público. Todo aquello nos retrasó mucho", asegura Manuel Aldeguer, el director general.
El último gobierno del PP (2015) cedió obras del trasvase a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja y hasta 2019 no se revirtió la situación. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) avalaron el dominio público.
Por otro lado, estaban los problemas con la Balsa de San Diego en Villena que se había roto y no podía albergar la capacidad de agua trasvasada que se había proyectado. A partir de ahí la Generalitat comenzó con los trámites de los tramos 1 y 2 del postrasvase desde el embalse de El Toscar (1 hm3) hacia el Vinalopó por Novelda, el tramo 1 y el tramo 2, desde allí hasta Agost.
El tramo 1 (11,7 millones de euros) está adjudicado tras el recurso de la empresa que quedó en segunda posición en la adjudicación que ha retrasado seis meses el inicio de las obras. El tramo 2 (22 millones de euros) está en licitación y ha terminado el plazo de presentación de ofertas, con lo que podría empezar en octubre.
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Al mismo tiempo, surgió la posibilidad de mandar agua a Monóvar y Pinoso, con el problema añadido del bombeo que iba a encarecer el agua. A través de energía fotovoltaica la Conselleria pretende que estas obras por 29 millones de euros sean viables. El estudio está en fase de supervisión.
"En todo este tiempo nos hemos encontrado con el problema de que las comunidades de regantes ahora no tienen más que entre un 20 y 30% de regadío a quiénes dirigir el agua, hay agua pero no hay consumo. Pero por otro lado estamos viendo como empresas del Campo de Cartagena están trasladándose a esta zona con un coste cero de agua de trasvase, lo que permitirá la pervivencia de la agricultura", señala Aldeguer.
Al mismo tiempo, la Conselleria tiene en marcha dos proyectos para la recuperación del agua de las depuradoras de Monte Orgergia y Rincón de León financiado con fondos europeos de recuperación que tendrían que estar concluidos antes de 2027. Por eso, a los 45 hm3 que se prevé saldrán de las actuaciones durante estos ocho años habría que unir los 20 hm3 que irían a las comunidades de San Vicente y Riegos de Levante desde Rincón de León y la Huerta de Alicante, Agost y Monforte desde Monte Orgergia.
"Este mes de julio debemos tener preparados el Proyecto Básico y el Estudio de Impacto para que ministerio saque el Proyecto de Ejecución de la obra", concluye Aldeguer.