Médico de Atención Primaria en una consulta.

Médico de Atención Primaria en una consulta. E.P

Economía

Los casi 50.000 mutualistas de Muface en la provincia de Alicante en alerta ante su futuro sanitario

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Alrededor de 49.000 mutualistas, titulares y beneficiarios, de Muface en la provincia de Alicante dependen de las negociaciones del Gobierno central para asegurar su cobertura sanitaria después de que el pasado día 5 quedase desierto el concurso porque ninguna gran aseguradora concurriera en el concierto.

Desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige el socialista Óscar López, ya informaron a este diario que la ley de contratación permite prorrogar el servicio y que por ello la continuidad de la cobertura está garantizada hasta la renovación del concierto.

Las aseguradoras se quejan de que la oferta económica ofrecida por el Gobierno es insuficiente y que prestar el servicio empeoraría la calidad ofrecida porque no se podrían cubrir los costes. Y eso que lo ofrecido en el pliego del pasado mes de octubre aumentaba en 303,9 millones euros el dinero ofertado respecto al último año de vigencia del convenio anterior.

Como ha venido informando este diario, las tres aseguradoras ya acumulan pérdidas por valor de 470 millones de euros. Por lo que no dan su brazo a torcer y el Ministerio estudia un nuevo pliego de condiciones en el que podrían entrar

Esto no es nada nuevo en los conciertos gubernamentales. Ya se ha dado en otros ámbitos. El empresariado hotelero alicantino ya se ha quejado muchas veces, en el caso del IMSERSO, de que el dinero ofrecido tampoco es suficiente.

El Gobierno tiene hasta el próximo 31 de diciembre para buscar una solución, que es cuando se pone fin al contrato vigente. De no conseguir elaborar un concierto en el que estén de acuerdo las grandes aseguradoras, tendría que hacerse cargo de la asistencia sanitaria de los funcionarios alicantinos la Sanidad Pública.

Fuentes del Ministerio de Sanidad ya han confirmado que están estudiando el impacto de este traspaso de los usuarios al sistema público de salud, que en este caso tiene transferidas todas sus competencias a las comunidades autónomas. Se estima en 1.000 millones de euros ese impacto y en un aumento considerable de las listas de espera.

Como ha informado mediante un comunicado CSIF Alicante, el sindicato más fuerte en las administraciones "seguirá luchando por el mantenimiento del modelo de Muface y tomará todas las medidas de presión que considere oportunas para garantizar su continuidad. De entrada, el próximo lunes, 11 de noviembre, está convocada una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados/as públicos y la continuidad del mutualismo administrativo".