Finalmente, los tres partidos del Gobierno del Botánico (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) impondrán sin consenso un impuesto que grave las pernoctaciones en alojamientos privados de la región, la conocida como tasa turística.

En contra de lo que algunos altos cargos de la Generalitat habían dicho (como el conseller de Hacienda, Vicent Soler), la propuesta lanzada por la izquierda no ha sido pactada con el sector, e incluso tiene el rechazo frontal de la patronal, las asociaciones de consumidores, de los principales municipios turísticos, e incluso del actual secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, o de la ejecutiva del PSOE de la provincia de Alicante.

Estos actores, de hecho, ni siquiera conocen el texto definitivo que se quiere aprobar. La reunión con los empresarios se limitó a un encuentro en Valencia, organizado por la CEV, en el que se reiteró la oposición de todos los subsectores a la tasa. "Han tenido todas las posiciones en contra del mundo, y ninguna voluntad de negociar", indican fuentes presentes en el encuentro con los partidos del Botánico. La propuesta incluso llegó a las diputaciones de Alicante y Castellón y se votó en contra. 

Ahora queda por ver "cómo está diseñada" y "si realmente es de carácter municipal, como se dice". En el borrador anterior los tres partidos vendían el impuesto como de aplicación municipal, pero realmente existía un tramo autonómico "que se puede activar en cualquier momento para obligar a pagar". 

De momento la práctica totalidad de los municipios turísticos importantes han  rechazado aplicar el tributo. Solo Valencia, gobernada por Compromís, parece que tiene voluntad de sacarlo adelante. En principio supondrá un recargo de entre 0,5 y 2 euros a quienes se alojen en hoteles, apartamentos, campings, casas rurales y para los cruceristas. 

Moratoria de dos años

El texto que presenta de aprobar al Botánico tiene en cuenta la especial situación que atraviesa el sector por la crisis provocada por la pandemia y, por ello, plantea una moratoria hasta 2024. A partir de ahí los municipios podrían activar la tasa y, en teoría, decidir dónde quieren invertir el dinero que se recaude con ella. 

Desde la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, consideran que esta medida "es la demostración de la irrealidad en la que viven instalados los políticos: los gobiernos apoyando e inyectando dinero a empresas y consumidores, y ellos inventándose nuevos impuestos 'cuquis' que nadie quiere, que nadie va a aplicar y que no sirven para nada".

La noticia, además, coincide con los máximos históricos de la inflación en puntos como la provincia de Alicante, con un Índice de Precios al Consumo (IPC) estimado de más de dos dígitos (10,1%) en el mes de marzo. Tal como publicó este diario, la tasa turística afectará a ciudadanos de la propia Comunidad Valenciana que se alojen en los establecimientos afectados, lo que supondría un desembolso de unos 10 millones de euros al año teniendo en cuenta los datos de 2019.