La convivencia entre viviendas de uso turístico (llamadas VUTs) y los vecinos en zonas densamente pobladas es un debate que lleva años encima de la mesa en la Comunidad Valenciana. Algunos alertan de un fenómeno de "gentrificación" descontrolada mientras otros aseguran que no existen datos que avalen la tesis de que una mayor oferta de este tipo de establecimientos produzcan efectos nocivos en los barrios.
Hay, sin embargo, una tercera vía: la de quienes apuestan por un mercado regulado que permita a la actividad económica convivir con la actividad diaria de los residentes. Entre ellos, el presidente de la patronal de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, quien hace unos meses fue elegido presidente nacional del sector y que aboga por aplicar mano dura a los clientes que molesten.
Eso implica, además, que no se pongan limitaciones "absurdas" a este tipo de viviendas, como en su opinión ha ocurrido en Valencia. En este sentido, el Tribunal Supremo ratificó este miércoles la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que tumbaba algunas de las restricciones que el anterior equipo de Gobierno de la capital del Turia (Compromís y PSOE) habían puesto en marcha en la Ciutat Vella.
¿Cuál sería el siguiente paso? La delegación de la patronal de las VUTs en la ciudad, VIUTUR propone un paquete de medidas que la patronal autonómica Aptur cree que son aplicables dentro del marco de regulación de todas las ciudades grandes en las que proliferen las viviendas de uso turístico, aunque teniendo en cuenta las particularidades de cada sitio.
La primera es crear una mesa de diálogo para conseguir una Ordenanza sobre las Viviendas Turísticas que regule aspectos relacionados con el sector y que necesitan una respuesta rápida. Así, piden reconocer las VUTs inscritas en el Registro de Turismo "con anterioridad a Ley de Turismo de junio 2018, y luchar contra el intrusismo, la competencia ilegal, y el alojamiento turístico sin control".
Un cartel de 'Se alquila' en una vivienda.
También quieren establecer un equilibrio "entre los usos residenciales y turísticos, priorizando siempre el uso residencial y las normas de convivencia; proponer porcentajes o número de viviendas de uso turístico computadas sobre la base que se determine (viviendas destinadas a otros usos terciarios como oficinas o similar, viviendas vacías, viviendas arrendadas…)".
Y añaden: "El respeto al descanso y a las costumbres de la ciudad y sus residentes debería ser un factor clave en la sostenibilidad social y medioambiental de la comunidad local", por lo que exigen "un teléfono 24 horas de atención a vecinos o policía local".
También quieren "establecer un horario límite para el check-in, regular el uso de ascensores con maletas y el de espacios comunes (controlando el volumen de voz, la vestimenta, número máximo de personas por vivienda, etc.)" y acogerse al programa Werespect de control de ruidos.
Finalmente, las mismas fuentes advierten de que, tras la sentencia del Supremo, "cualquier restricción a las vivienda de uso turístico legales supondrá una expropiación o apropiación de derechos adquiridos, que tendrá que indemnizar el Ayuntamiento de Valencia al vulnerar los derechos de propiedad y de la libertad de empresa reconocidos en los artículos 33 y 38 de la Constitución Española, respectivamente".