En las últimas fiestas patronales de Santa Pola, antes de la pandemia, Miguel fue multado por "desobedecer los mandatos del agente", según el apartado 2 del artículo 66 de la ordenanza de Convivencia Ciudadana. La sanción la interpuso la Policía Local, un cuerpo que ha vivido un terremoto después de que su antigua cúpula, con su jefe, José Miguel Zaragoza al frente, estén procesados, junto con su hermano y exalcalde del PP, Miguel Zaragoza, por supuesta malversación y fraude en el suministro de los uniformes. Una de las últimas noticias de este caso es que uno de los agentes que testificó ha tenido que recurrir a la justicia ante la negativa del consistorio, de nuevo en manos del PP, de aceptar su promoción a teniente.
Miguel explica -en conversación telefónica- que reconoció la primera multa, con fecha 5 de septiembre de 2019, de 300 euros, pero no las dos siguientes que le llegaron "por el mismo hecho", aunque en el boletín de denuncia ponía en una que estaba formulada el 7 de septiembre y la siguiente el 9. "Eran un calco entre ellas", sostiene.
Así que, lejos de pagar las tres multas, aceptó la primera y recurrió las otras dos con una sospecha que todavía no le han aclarado. Cree que usaron la fotografía que hicieron de su DNI, realizada presuntamente con el móvil personal del agente, para cursar dos nuevas denuncias "con ánimo de endosármelas".
Es en ese momento cuando Miguel comienza a su andadura por los laberintos de la administración para reclamar sus derechos, que son, por un lado, evitar que le toque pagar por más multas de las debidas, y por otro que, en caso de que la policía almacenara la fotografía de su documentación, quede destruida para que no le vuelvan a interponer nuevas sanciones.
Investigación de la AEPD
El denunciante notificó al Ayuntamiento, primero, y a la Jefatura de la Policía Local, después, que un agente había usado supuestamente su móvil para hacerle una fotografía al DNI. Al entender que ninguno de los dos había "resuelto mis dudas", pidió amparo al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Santa Pola. "La única respuesta que obtuvo por escrito del secretario del Ayuntamiento en Marzo de 2020 es que éste carecía de Delegado de Protección de Datos, por lo que el denunciante tramitó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)", sostiene en un comunicado Miguel.
El pasado mes de septiembre, "y dado que el Ayuntamiento de Santa Pola no dio respuesta a la AEPD", esta agencia admitió a trámite el expediente que conlleva investigar si el Ayuntamiento de Santa Pola vulneró el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que debía contar con la figura del Delegado de Protección de Datos desde mayo de 2018, cuando entró en vigor el nuevo marco legal.
Anuladas las multas posteriores
Miguel ha logrado en este proceso que SUMA le anule las dos multas posteriores -no la original, que ya pagó- porque concurren "defectos de forma". Como se puede apreciar en una de ellas, en las que se le atribuye a este vecino que "originó desórdenes en las vías", en alusión al apartado 3 del artículo 66 de la ordenanza municipal, la fecha de la denuncia está con tachones.
En el apartado de observaciones, el agente hizo una descripción diferente a la primera denuncia, la original: "el denunciante vocifera, grita y se muestra chulesco con los agentes". Por todo ello, le impuso una sanción de 150 euros, igual que la tercera, pero con el inconveniente de que Miguel no había estado esos días en Santa Pola. "Pude demostrar con factoras que estaba fuera del municipio, por lo que no tenía sentido que me hubieran multado", sostiene.
Respuesta del Ayuntamiento
La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, afirma que están pendientes de un informe de un abogado especialista en protección de datos con el que se reunieron recientemente para "tomar las medidas oportunas y hacer las cosas correctamente".
Asimismo, asegura Serrano, del PP, que los hechos, según le han informado desde la Policía Local, tuvieron lugar en 2018 y no en 2019, como sostiene Miguel y refleja la denuncia policial, por lo que "la responsabilidad le corresponde a la anterior legislatura", cuando encabezaba el gobierno el PSOE.
¿Me pueden fotografiar el DNI?
Una de las cuestiones sin aclarar en esta historia es si la Policía puede tomar imágenes con su móvil personal de un documento como el DNI. La respuesta depende según el dispositivo. Es decir, que si las fotografías han sido realizadas con un terminal perteneciente a la administración, se entiende que se garantizan la seguridad de los datos, explican varios letrados consultados.
Sin embargo, si el agente utiliza su móvil personal para hacer la foto del DNI, "queda fuera de control" el uso que pueda hacer de las imágenes. La alcaldesa de Santa Pola responde que sí que existen mandos de la Policía "pero no todos" que cuentan con terminales proporcionados por la administración.
