"No hay contrato". De manera directa, y en los primeros segundos de su esperada intervención, la concejala socialista de Cultura de Elche, Marga Antón, ha reconocido este miércoles las evidencias que denunció el PP en el pleno del lunes: los trabajos para exhumar a las víctimas del franquismo del cementerio de la localidad se llevaron a cabo durante más de dos meses, desde que se iniciaron hasta ser paralizados recientemente, sin que mediara ningún vínculo contractual. Una chapuza administrativa que podría costarle cara a ella y al Ayuntamiento -que se suma a otras del tipo administrativo-, puesto que los populares piensan judicializar la polémica. 

Después de dos días de silencio, el PSOE, que gobierna en la ciudad con Compromís, lo ha calificado de "un error técnico en la tramitación administrativa". "Las obras las paré en el momento en que me di cuenta de que había un error”, ha asegurado la regidora, quien ha comparecido ante los medios de comunicación junto por el portavoz adjunto del equipo de Gobierno, Ramón Abad.

A continuación, Antón no ha asumido la responsabilidad directa, sino que ha descargado en funcionarios, y en su concejalía en sí, al a firmar que “nunca ha habido mala fe por parte de los técnicos ni de la concejalía de Cultura, y tampoco arbitrariedad en la selección de la empresa que ha llevado a cabo los trabajos”.

Y es que, a su juicio, "el error se produce en el momento en que los técnicos inician un expediente de contrato menor de obras en lugar de un contrato de servicio, que sería el adecuado para esta actuación". Cabe recordar que, en teoría, la empresa seleccionada, Drakkar, presentó una oferta de 32.643 euros de coste, por lo que no podía ser escogida directamente al superar los 15.000 euros máximos que marca la Ley de Contratos. 

"La mejor propuesta"

A este respecto, Antón ha aseverado que Drakkar "presentaba la mejor propuesta para llevar a los trabajos" tras realizarse "un informe técnico" sobre tres propuestas presentadas. "Seguidamente se pide autorización a la conselleria presentando el proyecto de intervención del arqueólogo y la dirección de Cultura de la Generalitat autoriza los trabajos". ha aducido.

"Tras obtener la autorización de conselleria y haberse propuesto adjudicataria se inician los trabajos de exhumación, hasta que el expediente llega al vicesecretario que advierte a la concejala del error y la edil ordena la paralización de la obra el 21 de octubre", el pasado jueves. 

Por su parte, Ramón Abad, ha querido despejar dudas sobre la continuidad de Marga Antón en la concejalía al quedar en una situación frágil: "Cuenta con el apoyo del Equipo de Gobierno". “Es evidente que no hay arbitrariedad en la elección de la empresa, ya que hay informes técnicos diciendo que la propuesta era la más interesante”.

Acciones legales

El Partido Popular de Elche se ha apresurado a calificar los hechos de "gravísimo" y de "posible delitos de falsedad documental y prevaricación", ha dicho el presidente local, Pablo Ruz. "Se han realizado los trabajos de exhumación a sabiendas que no existe contrato con la empresa y responsabilizando ahora a funcionarios municipales”, ha añadido.  

Ruz ha recordado  que es la concejalía de Cultura la que da "el visto bueno de su responsable político", quien remite al Boletín Oficial de la Provincia la adjudicación de un contrato. "Un contrato que no ha sido formalizado mientras se realizaban los trabajos de las exhumaciones en el cementerio viejo”.

“La concejal Marga Antón ha mentido hoy a los medios de comunicación, sabía perfectamente desde el 8 de octubre con nuestro registro que no existía contrato", ha proseguido sobre un registro cuya entrada, efectivamente, es de esa fecha -Antón dijo darse cuenta el 26-, como miembros del PP han mostrado posteriormente a los medios.

"Estamos hablando de unos hechos muy graves, de exhumaciones, un tema delicadísimo que conlleva situaciones personales y familiares. Esto no es un banco que se ha roto o una acera que se ha de arreglar. Estamos hablando de restos humanos”, ha insistido el también senador tras anunciar "las acciones legales pertinentes".