La Guardia Civil ha liberado a once mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en una vivienda en la isla de Lanzarote en una operación en la que han sido detenidas siete personas y se han llevado a cabo registros domiciliarios en Getafe (Madrid), Elche (Alicante) y Arrecife (Lanzarote).

Las víctimas eran engañadas en su país de origen, la mayoría en Colombia, con falsas promesas y esperanzas de futuro y una vez en España eran obligadas a prostituirse para saldar la deuda adquirida con la organización, informa la Dirección General de la Guardia Civil.

Además se está llevando a cabo una investigación paralela con las autoridades de Colombia con el objetivo de detener a los responsables de la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad.

[Desarticulan en Elche una red de explotación sexual a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad]

Se trata de la operación Guacatal, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, en la que ha sido desarticulada esta banda internacional y arrestados siete presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

El grupo sufragaba todos los gastos y trámites necesarios para que las víctimas captadas tanto en el extranjero como algunas también en España fuesen trasladadas a Lanzarote.

Previamente eran aleccionadas para utilizar argumentos ante posibles controles policiales y cuando llegaban al destino les retiraban los pasaportes y les obligaban a firmar contratos en concepto de alquiler de habitaciones compartidas para eludir cualquier inspección en la residencia donde las explotaban.

Además las mujeres eran coaccionadas bajo el pretexto de haber contraído una deuda con la organización al haberlas trasladado a España, que debía ser saldada con grandes intereses mediante la prestación de servicios sexuales.

No disponían de libertad de movimientos, eran obligadas a estar en disposición de mantener relaciones sexuales las veinticuatro horas del día incluso si se encontraban en mal estado de salud y si no cumplían las condiciones impuestas eran sancionadas con una elevada suma de dinero.

Asimismo estaban constantemente controladas por un amplio sistema de cámaras de vídeo-vigilancia y eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes si el cliente así lo solicitaba y sometidas a reportajes fotográficos para ser anunciadas en páginas web en las que se ofrecen servicios sexuales.

Tras un año de investigación la Unidad Central Operativa (UCO) de las Guardia Civil ha podido corroborar la existencia de esta organización que se extendía en España por Getafe, Elche y Arrecife y en Colombia por Cali.

Han sido emitidas varias órdenes europeas de investigación para ampliar información relacionada principalmente con las fases de captación y traslado de víctimas.

En los registros practicados en las citadas localidades españolas han sido intervenidas un arma corta, sustancias estupefacientes y documentación que incrimina a la organización, así como dos vehículos de alta gama utilizados para los traslados de las víctimas.

La Guardia Civil recuerda que este martes, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas.

Asimismo que el pasado 28 de junio presentó junto a la asociación Diaconía España la campaña 'Y tú ¿a quién llamarías?' para fomentar la sensibilización y la prevención de este fenómeno, que pretende involucrar a la ciudadanía en la detección de pisos particulares en los que se explota sexualmente a mujeres y niñas.

Advierte de que más de 650 personas fueron víctimas de explotación sexual en España en 2023 y que el 98 por ciento de ellas son mujeres.