La plataforma Docentes por la Libertad Lingüística ha informado de que "pese al masivo rechazo de las familias y equipos docentes, las autoridades políticas de la Conselleria de Educación de la Comunidad Valencina mantienen su plan previsto de imponer a los niños el valenciano como lengua vehicular".
Y de que lo hacen "vulnerando todos los criterios pedagógicos y del sentido común y convertir a los hijos de familias castellanohablantes en ciudadanos de tercera categoría", aseguraron en clara referencia a la votación de los Planes Lingüísticos de Centro (PLC). Se votaron en marzo y en comarcas como la Vega Baja dieron como resultado el rechazo del 70% de la comunidad educativa.
"De nada han servido ni los razonamientos ni las masivas movilizaciones. Precisamente, la consciencia del nivel de repulsa que la medida tiene, ha llevado a los responsables a acelerar el proceso con la máxima discreción posible", han afirmado en un comunicado.
Por esta razón, y ante lo que consideran "la condena definitiva a más del 60% de los escolares de la Comunidad, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, en colaboración con AMPAS Vega Baja, propone a los familias que presenten recursos ante al Administración en defensa de la libertad y el futuro de sus hijos".
Defensa legal
Los profesores afirman que existen también otras iniciativas en este sentido promovidas por otras organizaciones vinculadas a la defensa de las libertades lingüísticas. pero que para aportar su granito de arena han contratado los servicios jurídicos con el Bufete de Abogados Chapapría–Navarro & Asociados, que elaborará y tramitará gratuitamente los recursos de los padres ante la Administración.
"Para esta gestión, la Plataforma y AMPAS Vega Baja han puesto en marcha sus medios para colaborar en facilitar a los padres su defensa ante el monstruoso atropello que sufren las familias castellanohablantes", continuaron.
En el escrito también afirman que "asumen que este paso, siendo necesario, no será suficiente y que le tendrán que seguir otros; sin embargo, también están seguros de que la defensa de nuestros hijos y la certeza de que la justicia y el sentido común se acabarán imponiendo, prestará energías".
Mientras tanto la Plataforma y las AMPAS está firmemente dispuesta a trabajar para que el acceso a la Justicia no tenga un costo extra para las familias y la situación no añada a la segregación lingüística la discriminación en razón de la condición económica de las familias.
Así, pone a disposición de todas las AMPAS y de las familias particulares para ayudarles a la defensa de sus hijos y llama al masivo envío de recursos administrativos no sólo de la Vega Baja, sino también de toda la Comunidad Valenciana, indistintamente de que sean vecinas de municipios de predominio lingüístico valenciano o castellano dado que, en todos los casos, existen sólidos argumentos jurídicos para detener la abominación que se cierne sobre el futuro de nuestros hijos, concluyen.