Que en la Vega Baja el uso del valenciano es residual y, por tanto, causa controversia, es un hecho tan evidente como el intento de Valencia de fomentarlo en todos los rincones, lo que incluye una comarca marcadamente castellanohablante.
Más allá de este contexto, existe una ley autonómica que obliga al empleo de ambas lenguas oficiales en los documentos de la administración. Un aspecto que el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por Partido Popular y Ciudadanos, no ha pasado por alto pese al interés que tenía en que se materializara el contenido del escrito.
Este miércoles, el consistorio de la capital de la Vega Baja reconocía en un comunicado que la Junta de Gobierno local sí que aceptará la cesión del inmueble de los Antiguos Juzgados, aprobada por el organismo competente, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, tras haber recibido rectificado el oficio que, en una primera instancia, enviaron solo en valenciano.
Como recuerdan fuentes del equipo de gobierno local, el artículo 24 del Decreto 61/2017, del 12 de mayo, del Consell, regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas en la administración de la Generalitat, siendo en su punto 2 donde cita textualmente que “las comunicaciones de la Administración de la Generalitat con las entidades que integran la Administración Local u organismos dependientes de los territorios de predominio lingüístico castellano se redactarán en valenciano y en castellano”.
En este sentido, el documento enviado, en un principio, por el Consell no se ajustaba a la legislación vigente por lo que la Junta de Gobierno, añaden, no ha podido incluirlo en el orden del día de las últimas sesiones celebradas e instó a la Generalitat valenciana a que reenviaran el mencionado oficio y su resolución también en castellano, para poder aceptar la cesión.
16 años de espera
En "solo unos días", el gobierno valenciano asumió el error y volvió a enviar la misiva en valenciano... y en castellano, quedando cerrada la pequeña disputa, que más allá de la anécdota que ha supuesto por su corto recorrido, refleja la gran distancia que existe entre dos administraciones en materia de política lingüística.
A su vez, y de esta forma, con la recepción de este inmueble se pondrá fin a 16 años de espera de un edificio "que debería estar a disposición de los ciudadanos de Orihuela", apostilla el consistorio.
El Ayuntamiento, rememora, asumió en 2005 la construcción del actual Palacio de Justicia con un costo de 5 millones de euros y, según convenio, la Generalitat pagaba un alquiler de arrendamiento con opción a compra por el uso de esas instalaciones, que finalmente se ejecutó, y además cedía al municipio el antiguo inmueble.