La propietaria de un centro de salud de Elche deberá abonar 1.460 euros por hacerse pasar por podóloga. Así se desprende de una sentencia de un juzgado ilicitano, que la condena por intrusismo laboral en la podología tras anunciar en redes sociales que ofrecía tratamientos podológicos sin disponer del título correspondiente.
Según ha explicado el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV), fue el propio organismo el que denunció la acción, un hecho con el que el Colegio pretende "erradicar esta práctica que, además de suponer un enorme agravio a la profesión, pone en peligro la salud de la población en general".
La sentencia, que es firme por la conformidad de la acusada, además de obligarle al pago, reafirma las competencias de los profesionales de la podología cuando se trata del tratamiento de dolencias y deformidades de los pies de los pacientes.
Desde el ICOPCV se ha recordado que estas actuaciones son ajenas al campo de la estética, que se encuentra delimitado a tareas para el embellecimiento y no al tratamiento de patologías, que requieren en todo caso de la intervención de profesionales de la salud competentes a tal fin como son los podólogos.
Asimismo, este organismo han destacado que el 80 % de los problemas de intrusismo en la profesión procede de centros de estética y han insistido en que para que el paciente pueda cerciorarse de que se pone en manos de un profesional cualificado es imprescindible comprobar que éste dispone de número de colegiado.
Otra condena
Las condenas por instrusismo en el campo sanitario empiezan a ser cada vez más frecuentes. Una de las más sonadas se conoció hace dos meses, cuando un tribunal de Alicante elevó de un año de cárcel a dos y medio la pena a un individuo que ejerció durante nueve años la profesión de fisioterapeuta y quiromasajista en su domicilio de Santa Pola sin titulación académica.
El fallo corrige una sentencia inicial del juzgado de Lo Penal número 3 de Elche que imponía un año de prisión por un delito de intrusismo y pasa a añadir el delito de estafa.
De esta forma, eleva la pena privativa de libertad y obliga a indemnizar con 15.806 euros a un paciente que acababa de sufrir un grave accidente y que, engañado, recibió 225 sesiones que le perjudicaron físicamente. El recurso para incrementar la pena había sido presentado tanto por la fiscalía como por el perjudicado y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana.
Con un ánimo lucrativo, el condenado, O.L.L., publicitaba su casa en la urbanización Gran Alacant de Santa Pola como 'centro de rehabilitación y quiromasaje', además de anunciarse en la red social Facebook como profesional, y realizaba a sus pacientes técnicas manipulativas del aparato locomotor en zonas lesionadas e intervenidas quirúrgicamente.
Para ello, este hombre se vestía con uniforme sanitario y contaba con máquinas terapéuticas propias de la fisioterapia como ultrasonidos, lámpara de infrarrojos y un equipo de electroestimulación.